El Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para que los condenados por terrorismo no reciban el subsidio por desempleo si no han mostrado arrepentimiento, pedido perdón a las víctimas y mostrando "signos claros e inequívocos" de desvinculación a la organización.

En concreto, el PP propone modular el acceso al subsidio por desempleo teniendo en cuenta algunos factores como la conducta del sujeto durante el cumplimiento de su condena, su voluntad efectiva de reinsertarse o el arrepentimiento y el perdón a las víctimas en caso de terrorismo y crimen organizado.

Así, los populares añaden una nueva disposición transitoria a la Ley General de la Seguridad Social relativa a la percepción del subsidio por desempleo en el caso de presos que hayan cumplido su condena en la que aboga por una "revisión en profundidad" de la normativa "que permita cohesionar debidamente la asistencia social que se presta" con "la reparación justa y debida a las víctimas del delito y a la propia sociedad mediante la satisfacción previa de la responsabilidad civil del delito".

En su enmienda, el PP aboga porque esto se haga especialmente en el caso de delitos "particularmente graves" como en el caso del terrorismo y la criminalidad organizada. En este sentido, considera que el perdón a las víctimas y la desvinculación "clara e inequívoca" con la organización criminal "son indicios claros e inequívocos de la voluntad de reinserción e integración en la sociedad".

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado justifica como "injusto" el reconocimiento automático del subsidio por desempleo a los condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, así como en el seno de una organización o grupo criminal, entre otros, "sin que previamente hayan satisfecho la responsabilidad civil derivada del delito a las víctimas".

En el caso concreto de terrorismo y organizaciones criminales, el PP justifica además que sería necesario exigir la muestra de arrepentimiento, la petición de perdón a las víctimas y la muestra de signos "claros e inequívocos" de desvinculación a la organización.

Introduce también en ciertos casos variables relacionadas con la buena conducta en prisión y la reparación de los daños materiales y morales.

Esta cuestión ya fue debatida en el Congreso de los Diputados este mes a partir una moción de UPyD en la que la formación liderada por Rosa Díez solicitaba al Gobierno que adoptase las medidas correspondientes para impedir que excarcelados por delitos de terrorismo pudiesen cobrar prestaciones del Estado y acceder a cargos públicos.

Inicialmente, la formación magenta llegó a un acuerdo con el PP para aprobar esta moción en el Pleno pero al tratarse de una enmienda transaccional pactada con los populares fue vetada por Amaiur. Al rechazar el PP votar la propuesta inicial de UPyD finalmente esta iniciativa no salió adelante en el Congreso. En cualquier caso, el Gobierno ya anunció que seguiría adelante con la iniciativa por su cuenta.