Hace tiempo venimos advirtiendo al presidente Herrera Campo, Juan Vicente, de la dejadez y permanente desidia de sus cercanos, en cuanto afecta a la educación en la comunidad que aún preside. Ya no hay duda del distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía; ha llegado un momento en que lo preferente es el bienestar de la ‘casta’ privilegiada, mientras que los platos rotos siempre los pagan los administrados. Prueba de todo ello lo tenemos en muchos aspectos educativos a los que la Consejería de Educación no presta atención. Mientras el personal de la citada Consejería está calentito y disfrutando, el profesorado y el alumnado de los centros educativos se ven obligados a encender un par de horas la calefacción, y en muchos casos ni siquiera ese par de horas, ¿por qué? Pues debido a la deficiente, y en muchos casos catastrófica, gestión de las Consejerías de Educación y de Hacienda.

Cuando las comunidades autónomas asumieron las competencias educativas pensaron que todo era ‘jauja’, pero con el tiempo se dieron cuenta de que para gestionar adecuadamente esas competencias se requería responsabilidad, trabajo, compromiso permanente y empeño, algo que parece no entrar en la mente de los ‘señoritos’ que rodean a Juan Vicente Herrera Campo, todavía presidente de la Comunidad de Castilla y León.

De tanta dejadez sí se han dado cuenta muchos administrados: la propia Consejería de Hacienda dictó sus propias normas para el mantenimiento económico de los centros educativos, pero es la primera que incumple por manirrota y desidiosa. Nos contaban varios cargos directivos de institutos de dos provincias de Castilla y León que, a estas alturas del ejercicio económico, la Consejería de Hacienda no había transferido a los centros el 40% del dinero correspondiente a los gastos de funcionamientos, eso hace que haya centros donde hay ocho grados de temperatura y menos, y el alumnado no se quita el abrigo, por poner un ejemplo, pero es la tónica general.

Actualmente, en Castilla y León hay un problema económico serio, debido a la pésima gestión y a la deficiente e incomprensible inversión. Nos hemos hartado de pedir la dimisión de la consejera de Hacienda, del consejero de educación y del director general de política educativa escolar. No hacen ni caso a la ciudadanía, por lo que es intención muy extendida castigar al Partido Popular en todas las elecciones venideras. Cuanto antes ‘descabalguen’ a personajes como los indicados y nada cumplidores, antes empezará a recuperarse ese partido político que tanto daño ha hecho a España en los dos últimos años.

Permítanme un último dato: hay centros educativos donde la cuenta bancaria está a cero y donde se acumulan decenas de facturas sin pagar. A ello hay que añadir que la mayoría de esos centros han visto reducida su dotación en más de un sesenta por ciento en los dos últimos ejercicios económicos. Tales barbaridades emanadas de la Administración regional llevan a eliminar líneas de teléfono, dar de baja la calefacción (con la consiguiente fuga de alumnado), reducir los turnos de noche en el caso de centros de adultos, escuelas de idiomas, escuelas de arte, institutos con turno nocturno y con educación a distancia.

Lo peor de todo es que, mientras Herrera Campo pide sugerencias y propuestas a la ciudadanía, sus cargos políticos amenazan y expedientan a quien osa transmitir fallos, deficiencias, incumplimientos y holganzas ajenas. En pocas palabras: cada cual tira de la soga en dirección contraria y, mientras unos holgazanean y disfrutan, otros sufren. Ante tales actuaciones sin sentido, no hay más que aplicar aquello de “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.