UPyD se quedó sola con su propuesta para que no condenar públicamente el terrorismo, entre otras cosas, sea motivo para ilegalizar un partido político. La toma en consideración de la proposición de ley defendida por el grupo parlamentario de Rosa Díez cosechó 5 votos a favor, los de sus diputados, 321 en contra y 2 abstenciones.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados, Rosa Díez destacó que el Pacto Antiterrorista suscrito en su día por PSOE y PP es el “instrumento antiterrorista más importante del que se ha dotado” España, Díez señaló, “a la luz de la experiencia”, son necesarios “más y mejores” herramientas jurídicas.

“No hay mayor corrupción política que la permisividad, por acción u omisión, ante el terror”. “Ninguna democracia que merezca tal nombre permite que caballos de Troya del totalitarismo penetren en las instituciones”, sentenció.

El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro (PP) explicó que el Tribunal Constitucional ya elaboró un “catálogo exhaustivo” de la conductas que pueden conducir a la ilegalización de un partido, hasta tal punto que amplió las ya previstas en la Ley de Partidos Políticos.

Pidió a Rosa Díez que no vuelva a llevar a la Cámara Baja una iniciativa “de forma unilateral, que se separa del consenso y de la unidad necesaria en esta materia”.

La diputada Susana Sumelzo (PSOE) recordó que la Ley de Partidos está pensada para que sean las actividades y las conductas antidemocráticas las que no se consienten. “Nuestro sistema permite la libertad de partidos, pero limita que las bandas terroristas lo usen para entrar en el sistema democrático”, dijo.

Explicó también que es el Tribunal Constitucional el que tiene “la última palabra y la capacidad de dictar sentencia e ilegalizar”. “Una vez que dicte su dictamen, los demócratas debemos acatar y respetar”, señaló.

Por su parte, Jordi Janè, del Grupo Parlamentario CiU, señaló que decretar la ilegalización de un partido político o negar su inscripción en un Estado democrático “es un hecho muy grave”.

Joan Josep Nuet, del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, señaló que normas como la Ley de Partidos pretenden “criminalizar determinadas ideas y comportamientos políticos que forman parte de la pluralidad d nuestro país y de nuestra historia”.

Emilio Olabarría (PNV) dijo que la soledad en la que quedará la propuesta de UPyD en la votación de hoy demostrará la “desmesura de su pretensión”, al tiempo que calificó de “aberración jurídica” las medidas propuestas por Díez.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Rafael Larreina (Amaiur) y Joan Tardà (ERC). El primero criticó a Rosa Díez que para ella, “la única democracia posible” es la que ella propone. Defendió que hay que defender las libertades y la democracia, “reforzándolas”, nunca recortándolas. .

Por su parte, Joan Tardà (ERC) señaló que mientras que la Ley de Víctimas del Terrorismo fue aprobada por unanimidad, la Ley de Partidos no contó con el apoyo de la Cámara Baja al completo. “Todos los demócratas sabemos que, por mucho que hagan los Estados para con las víctimas, siempre será poco”, dijo.

En la exposición de motivos de su proposición de ley, UPyD señala que el objetivo de su proposición, ahora rechazada, es “evitar que formaciones políticas ilegales o quienes justifican o apoyan, directa o indirectamente, la violencia terrorista, puedan utilizar nuevas vías o artificios jurídicos cada vez más perfeccionados para, fraudulentamente, concurrir a futuros procesos electorales y obtener representación institucional, a fin de destruir la democracia desde dentro”.

Para UPyD , que fundamenta su proposición en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “conviene precisar en la Ley de Partidos que la mera falta de condena del terrorismo, mediante actos reiterados y concluyentes, ha de tener la consideración de apoyo tácito del terrorismo, sirviendo por sí misma de presupuesto habilitante suficiente para declarar la ilegalidad del partido o denegar su inscripción”.

En el texto rechazado, UPyD propone además que un partido político sea declarado ilegal cuando difunda “por cualquier medio” ideas o doctrinas que “nieguen la existencia de la historia criminal o terrorista o legitimen, exculpen o minimicen las acciones o fines, pasados, presentes o futuros, de las organizaciones terroristas, negando el carácter delictivo de sus actos o defendiendo la existencia de una hipotética justa causa que los justifique”.

Asimismo, UPyD proponía que también se tengan en cuenta las actuaciones y posicionamientos de los miembros del partido político a ilegalizar, pues pueden “revelar efectivamente los verdaderos fines” de la formación.

El texto no cita expresamente a Amaiur o a Bildu, pero sí cita la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de junio de 2009, sobre Herri Batasuna y en la que esta institución judicial afirma que “no puede exigirse al Estado que espere para intervenir a que un partido político se apropie del poder y comience a poner en práctica un proyecto político incompatible con las normas del Convenio o con las normas de la democracia”.