La Fiscalía Anticorrupción recurrirá en los próximos días la decisión del juez de Palma de Mallorca José Castro de imputar a la Infanta Cristina en el "caso Nóos" como cooperadora necesaria en los delitos que pudo cometer su marido, Iñaki Urdangarín.

Fuentes de este departamento han señalado a Europa Press que el recurso, que se presentará directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Palma, incidirá en que los indicios señalados por el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma contra la Infanta Cristina "carecen de la entidad suficiente" para apoyar su citación en calidad de imputada en la causa.

La Fiscalía tiene cinco días para preparar su recurso, y espera que la decisión que se adopte llegue antes del 27 de abril, fecha señalada para la comparecencia, según las mismas fuentes.

Razones del juez
En su auto, el juez Castro explica que ha decidido imputar a la Infanta Cristina antes de finalizar la instrucción de esta pieza, dado que, en caso contrario, se hubiese dejado que "se perpetúe la incógnita" de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un "cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite".

Castro afirma que a partir de la declaración de Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga, "surgen una serie de indicios que hacen dudar" que la Infanta Cristina "desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.".

Por ello, ante los "indicios" existentes, el juez considera "inevitable" que la hija del Rey preste declaración, al objeto de despejar "cualquier duda", dado que "hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan".