El PSOE propone en sus enmiendas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de dación en pago que las personas que hayan pagado al menos el 75% de su hipoteca y se enfrenten a un proceso de ejecución hipotecaria puedan quedarse en la vivienda en régimen de alquiler por un precio que no supere el 30% de sus ingresos hasta que terminen de saldar la deuda pendiente.

Así consta en una de las cinco enmiendas socialistas a la iniciativa popular, cuyo plazo de presentación de modificaciones en el Congreso concluye este martes y que se tramitará conjuntamente con el proyecto de ley Antidesahucios presentado por el Gobierno.

Aunque los socialistas mantienen el texto original de la ILP, que reclama dación en pago retroactiva y generalizada, paralización de todos los desahucios en marcha y creación de un parque de vivienda en alquiler social, sí han registrado algunas "mejoras" con el objetivo de "garantizar que los deudores hipotecarios no pierdan su vivienda y puedan continuar en ella, en lugar de que sea subastada".

"Esta enmienda evitará que el banco pueda beneficiarse de la situación de insolvencia de aquéllos que ya han hecho frente al mayor parte del pago de su hipoteca. Tratamos de evitar la venta anticipada de la vivienda, de garantizar la permanencia en la misma de la familia y establecemos un pago del saldo de deuda pendiente", ha explicado la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Leire Iglesias, a través de una nota de prensa.

También para los avalistas
Por otra parte, los socialistas incluyen entre sus propuestas de modificación la previsión de incluir entre los posibles beneficiarios de la dación en pago, la moratoria y el alquiler social a los avalistas y garantes, y no sólo a los propios deudores. Además, se propone que no sólo se apliquen estas medidas a las hipotecas sobre vivienda habitual sino también a las que afectan a locales de negocio que suponen el sustento de la familia.

Para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado día 14 falló que la ley hipotecaria española contraviene la normativa comunitaria de protección al consumidor, el PSOE ha registrado otra enmienda para autorizar a los jueces a suspender cautelarmente las ejecuciones cuando existan cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

Una potestad que actualmente no tienen y que deja a los deudores desamparados, ya que sólo pueden elevar una queja tras haber concluido el procedimiento de ejecución, con lo que en muchas ocasiones el daño causado es ya irreparable incluso aunque haya indemnización.

Aprovechar la oportunidad
Iglesias ha instado además al Gobierno a "aprovechar esta nueva oportunidad" que le brinda la tramitación de estas dos propuestas normativas para mejorar la protección real que se brinda a los hipotecados y "no esperar más tiempo permitiendo que se aplique una legislación contraria a las directivas europeas".

En este sentido, la diputada considera que todas las medidas aprobadas por el Ejecutivo 'popular' hasta la fecha suponen "parches y anuncios pomposos y nada eficaces", poniendo como ejemplo el Código de Buenas Prácticas, que a su juicio "se ha convertido en una excusa para evitar la renegociación de deuda de muchas familias", o la moratoria de dos años a las ejecuciones, que "que no ha paralizado los desahucios".

"Las enmiendas que hasta ahora ha anunciado el Gobierno no solucionaran realmente los problemas de las familias y una vez más están al dictado de la banca", ha añadido Iglesias, instando al Gobierno a "proteger a la ciudadanía y no los privilegios de las entidades de crédito", y asegurando que "el PSOE seguirá batallando para que nadie se quede sin casa".

Cambios en el proyecto de ley
Estas enmiendas a la ILP se suman a las más de 70 propuestas de cambio que el Grupo Socialista ya registró en relación al proyecto de ley Antidesahucios y que, entre otras cosas, ya recogían la petición de eliminar todas las cláusulas abusivas y de dar más posibilidades a los deudores para oponerse a los procedimientos de ejecución.

Además, también presentaron propuestas para crear un procedimiento extrajudicial de segunda oportunidad para las familias en situación de insolvencia sobrevenida, y elevaban los umbrales para poder acogerse a la moratoria del Ejecutivo, entre otros asuntos.