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El bluff catalán consigue que Sánchez se arrodille ante Torra

Sánchez se ha convertido en un maniquí fácilmente manejable por unos nacionalistas catalanes, que amagan y retroceden según su conveniencia.
Miguel Massanet
lunes, 17 de diciembre de 2018, 00:00 h (CET)

El encargado por Sánchez de intentar contrarrestar a los partidos constitucionalistas, el PP y Ciudadanos, que se vienen mostrando como enemigos acérrimos a la política del señor Sánchez y del PSOE, de continuar negociando con los separatistas catalanes pese a que, el señor Torra ha declarado, a diestro y siniestro, que cualquier reunión con el Ejecutivo del gobierno de España tiene que ser “ de gobierno a gobierno”, como si Cataluña estuviera a la misma altura del Estado español cuando, en la realidad no es más que, una parte de la autonomía catalana que no alcanza el 50%, la que quiere la plena autonomía y el reconocimiento como nación, frente a la otra mitad que no comparte semejante proyecto y que se manifiesta contenta y a gusto perteneciendo, como una autonomía más, a la nación española. El señor Abalos, ministro de Fomento y encargado por Pedro Sánchez, juntamente con la señora portavoz del gobierno y ministra de Cultura, Isabel Celaá, un personaje retorcido, experta en demagogia que, a pesar de sus apariencia de monja ursulina tiene una carga preocupante de comunismo latente y un interés poco entendible de otorgarles a los soberanistas catalanes facultades inaceptables, para que puedan ser ellos los que directamente sean capaces de decidir la cantidad de tiempo que los alumnos catalanes deberán dedicar al idioma castellano, a pesar de que cualquiera que viva en esta autonomía del Este de España conoce perfectamente el hecho de que es imposible estudiar, ni parcialmente, ninguna asignatura en idioma castellano y que, el trato que los profesores y catedráticos de las escuelas públicas y universidades catalanas dan al idioma de Cervantes, no puede ser peor, más escaso y menos protegido en todos y cada uno de los centros educativos públicos de la región catalana.


Ha sido el propio Consejo Escolar del Estado quien ha tenido que salir al paso de semejante desafuero, confirmado que, en el proyecto de sistema educativo presentado por la propia ministra es preciso hacer cambios y, en consecuencia, pedir que la Administración del Estado “fije una porción mínima del uso de la lengua castellana en toda España, como lengua oficial que es”. Este máximo organismo consultivo del Gobierno en materia educativa, ha decidido advertir en el informe preceptivo que ha realizado sobre el proyecto de la Celaá, el mismo que tiene como finalidad sustituir a la Lomce, y por lo que respeta al contenido del apartado 60, dedicado a la enseñanza de la lengua española, añade este comentario: ”Se da la circunstancia negativa en algunos puntos del Estado de asignar un uso marginal a la lengua castellana, de forma que no parece la lengua oficial de todo el Estado, y se incumple el artículo 3 de la Constitución cuando señala que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”. En realidad, lo que resulta incomprensible, merecedor de sanciones de suma gravedad para los causantes de semejante incumplimiento constitucional y de expedientar a todos aquellos que, por negligencia en su deber de vigilancia, in observando, pertenecientes a las autoridades catalanas, especialmente de las responsables de la educación pública en toda Cataluña, por no haber cumplido con su obligación de velar por qué, en las escuelas y universidades públicas de toda Cataluña, se haya cumplido con la citada norma constitucional, obligatoria para toda España y los españoles.


Pero en Cataluña, debido a la mojigatería de los ejecutivos que han gobernado España los últimos años y a causa de compartir la misma doctrina que sigue manteniendo el señor Pedro Sánchez respecto a que no se debe de actuar, sino negociar, dialogar y consensuar; una doctrina en la que ya fracasó el anterior jefe del gobierno, en este caso del PP, el señor Mariano Rajoy, que erró creyéndose que dándoles tiempo a los catalanes para que sopesaran los inconvenientes de una separación de Cataluña de España, les harían reflexionar sobre la locura que implicaba, para la propia tierra catalana, abandonar la protección del gobierno de la nación española. Claro que lo que en Rajoy fue motivado por una falta de visión de la realidad que se escondía detrás de las continuas demandas de la Generalitat Catalana, en el del señor Pedro Sánchez no existe este mismo error de apreciación, sino que, aun admitiendo que las pretensiones catalanas siguen siendo las mismas de siempre: libertad de los presos, tratar de la independencia y del procedimiento para llegar a ellas, sin que les preocupe lo que le pudiera pasar al resto del Estado español ni, tan siquiera, las cantidades que pudieran perder en la puesta en marcha del plan secesionista que tienen planeado. Lo que de verdad pretende este peligroso sujeto, lo que oculta pronunciando frases vagas, repetidas, carentes de otra consistencia que la de la intención de adormecer a los españoles haciéndoles creer que no les va a ceder nada a los catalanes que “ no esté dentro de la legalidad” cuando lo que verdaderamente pretende es que, a través de pactos secretos, de concederles mayores facultades, de modificar el Estatuto Catalán para concederles mayores libertades de acción, otorgarles mayores transferencias ( como la Justicia) o, incluso, modificando la Constitución española para facilitar el cambio de las condiciones para que una autonomía española pudiera, en determinadas circunstancias, salirse de España y establecerse como una nación independiente sin las salvaguardas que la actual Constitución establece.


Sin embargo, es evidente que Sánchez se encuentra en un aprieto. No ha conseguido aprobar los presupuestos para el 2019, lo que le impide llevar a cabo los proyectos que tiene en mente para conseguir crear un ambiente que le sea propicio a su partido. En primer lugar observen ustedes la astucia de volcarse en sus apoyos económicos al Ejército ¡Ellos, los socialistas, siempre contrarios a los uniformes, los que en Barcelona siempre han apoyado que los militares no transiten con sus armas por dentro de las poblaciones, que los aviones de combate no sobrevuelen sus ciudades o que las naves de la armada no atraquen en sus puertos, por considerarlo una provocación en contra de los catalanes! ¿Pero por qué, cuando esta situación no se da en ninguna otra nación civilizada del mundo y, menos, dentro de la UE? Pues, porque han visto siempre, en el Ejército, una amenaza para los planes de un golpe de Estado contra la Constitución, como les ocurrió a los señores Tejero, Armada y Milán del Bosch cuando, en el 1981, quisieron llevar a cabo un golpe de Estado contra al gobierno de Suárez, un intento que, por cierto, fue desmontado por don Juan Carlos I y no por las fuerzas de izquierdas, ocupadas en hacer las maletas para huir lo más rápidamente posible de España. ¡Y es que son unos valientes! Ahora, con las mejoras que prometen a los militares, pretenden comprarlos para que, en caso de aumento de la tensión nacionalista, no tuvieran la tentación de cumplir con lo previsto en el Artº8 de la Carta Magna que los obliga a intervenir para mantener la unidad de la nación española.


Al respeto, nos extraña la gran oposición de los socialistas a que se aplique, de nuevo, el artículo 155 de la Constitución española, en unos momentos en los que se ve con suma claridad la necesidad de establecerlo de nuevo sobre la autonomía catalana, a la vista del comportamiento abiertamente revolucionario de sus políticos. Es evidente que, como ya se predijo desde hace meses, los contactos existente entre el actual gobierno socialista y los secesionistas catalanes siguen a pesar de que, externamente y a nivel de la información de los medios de comunicación (la mayoría de ellos adictos a las izquierdas) sigan dando la sensación de que entre ambos, el Gobierno español y la Generalitat catalana, la tirantez amenaza con acabar a golpes los unos con los otros. Vean ustedes lo que sucede: cuando hace unos días el señor Torra lanzaba una catilinaria contra Sánchez, amenazando con ejecutar el anunciado rompimiento con la nación española si, el Ejecutivo, no retiraba sus advertencias sobre sus anunciados propósitos de prescindir de cualquier normativa española que consideraran que les perjudicaría y de cualquier sentencia de los Tribunales que los pudiera afectar negativamente. Reclamando, insistentemente, la puesta en libertad de aquellos separatistas que siguen encerrado en Lladoneres; la iniciación de conversaciones para el referéndum acordado y la aceptación de sus resultados y no se comenzaban conversaciones para determinar las condiciones del Ejecutivo español para tramitar la separación de Cataluña de España. Ahora, cuando se acerca el día en el que va a tener lugar el Consejo de Ministros en Barcelona ya se han rebajado las exigencias y parece que se curan en salud, advirtiendo que los partidos políticos catalanistas ni la propia Generalitat, ya no tienen fuerza suficiente para controlar a todos aquellos a los que se los llamó a la acción directa, incluidos los CDR, y ahora no pueden entender cómo, a última hora, se pretende rebajar la tensión para que no pudieran darse situaciones que comportaran peligro o situaciones de secuestro para las autoridades nacionales que acudieran al anunciado Consejo de Ministros. Sin embargo ¿ qué pasaría si, a pesar de las llamadas de los presos, de las rectificaciones de Torra y de la bajada de pantalones de Sánchez, resultara que se presentan unos cuantos miles de exaltados dispuestos a crear conflictos y enfrentarse a las fuerzas de orden público ( los Mossos evidentemente no en su mejor momento de ánimo cuando hace dos días seguían reclamando de la Administración catalana una serie de mejoras que, a pesar de habérselas prometido hacía años, no se les habían dado) y, de ello, resulta que se producen bajas y heridos?


Pero ¿De qué tiene miedo el señor Sánchez? Cuando el PP, de acuerdo con socialistas y Ciudadanos decidió implantar un 155, evidentemente descafeinado, en Cataluña; pese a las amenazas de los separatistas, anunciadas con anterioridad a su aplicación, nadie movió un dedo, se tomaron las medidas que las autoridades de Madrid ordenaron y todo se desarrolló en la autonomía catalana con normalidad, pese a que una parte de las funciones correspondientes a la Administración catalana y a la Generalitat, fueron asumidas desde las Administración madrileña, incluido la dirección de los mossos de escuadra. A Sánchez le interesa, ante todo y con urgencia, solucionar el problema catalán, llegando a acuerdos, sea como sea, con los políticos catalanes porque, dentro de su plan, se cuenta con el apoyo de los nacionalistas para poder sostener su gobierno hasta finales del 2019, cuando se convocarían las legislativas del 2020. Entre tanto, no le importa ir dándoles carnaza a los soberanistas aunque ello signifique que el resto de autonomías españolas deban perder ayudas y, como planea la señora Celaá, cambiar la Ley de Educación para que puedan seguir con su inmersión lingüística, lo que les permitiría eliminar los restos de castellano que todavía subsisten.


O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadanos de a pie, seguimos pensando que estamos ante una situación muy peligrosa, pese a la aparente normalidad de la ciudadanía. Sin embargo, no olvidemos los movimientos que tienen lugar en naciones amigas como es el caso de los chalecos amarillos franceses, los atentados en Bruselas, los movimientos de los pensionistas, el anuncio de la ministra de Trabajo de que se están revisando los acuerdos laborales que el PP, siguiendo las directrices de la UE, puso en marcha y que consiguieron, por encima de todo, que los sindicatos, estos sindicatos completamente atrasados respecto al resto de fuerzas sindicales de Europa, dejaran de manejar los convenios colectivos de las empresas que, en virtud de la nueva normativa, tenían preferencia sobre los sectoriales, lo que permitía que la negociación fuera entre los comités o sindicalistas de la propia empresa y los representantes de las dirección de la misma. Ahora vuelven a concederles a los sindicatos que los convenios sectoriales tengan preferencia a la hora de ser aplicados, sobre los de empresa. Un error doble: el prescindir de las recomendaciones de la UE, algo que ya veremos cómo se lo toman, y otro, que siempre ha sido más fácil y más interesante el convenio de empresa que puede contemplar particularidades que en los sectoriales es imposible tomar en cuenta.

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