El abuso y violencia sexual hacia los menores cuesta a las arcas del Estado 979 millones de euros al año, según se desprende de un estudio llevado a cabo por la Cátedra Santander de Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas y la Fundación Educo. El informe “Los costes de la violencia contra la infancia. Impacto económico y social”, que se ha presentado esta mañana en la universidad, estima que 3.919 niños y niñas han denunciado este año algún tipo de violencia sexual, según el anuario de criminalidad del Ministerio del Interior, lo que supone solo un 4% de los 97.000 menores que se estima que la sufren, siguiendo la estimación del Consejo de Europa en su Campaña Uno de Cada Cinco.

Aun así, “no existen cifras oficiales exactas del número de niñas y niños que padecen violencia, aunque las estimaciones globales hablan de que uno de cada dos menores experimenta algún tipo de violencia antes de cumplir ocho años”, según Macarena Céspedes, directora de Educo España.

El estudio alerta sobre las consecuencias de la violencia contra la infancia que, además de devastar a sus víctimas, repercute en el país y en la economía. En él se revela el incremento del gasto público en los costes sanitarios, sociales, judiciales, como consecuencia de la violencia sexual contra la infancia. Los autores advierten también de que solo se está valorando una parte muy pequeña, ya que es prácticamente imposible cuantificar el dolor, el sufrimiento y la pérdida de capacidades en los niños y las niñas que la sufren. Una gran merma nacional en capital humano y social. Para Jorge Cardona, miembro del Comité de los Derechos del Niño, “si cogemos todas las recomendaciones que presenta el estudio, el coste que supondría implementar estos cambios sería inferior al que ya está suponiendo la violencia contra la infancia.

Los investigadores denuncian la gran dificultad para hallar datos oficiales completos y precisos, tanto del número de casos como de los costes económicos derivados de cada uno de ellos. Por esto, ante la imposibilidad de abarcar todos los tipos de violencia se decidió enfocar el informe sobre la violencia y abuso sexual, que es la violencia que, una vez se produce, más se reitera.

Las fuentes utilizadas para la simulación económica son oficiales (Ministerio de Interior, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Justicia, Consejo de Europa y oficinas adscritas a ellas), así como fuentes oficiosas de diferentes organismos y fundaciones. Aun con ellas, el cálculo del coste de la violencia contra la infancia resulta una complicada tarea debido a las dificultades encontradas para cuantificar esta violencia desde el ocultamiento social, la vergüenza o los pocos casos denunciados, a protocolos no adaptados, distintas clasificaciones de datos, falta de homogeneidad y segregación del sistema... “Es preciso que se articulen mecanismos de recolección de datos con fines estadísticos y de formulación de políticas”, según Adam Dubin, profesor de Derecho Internacional de Comillas ICADE.

La metodología utilizada no ofrece únicamente el coste de las víctimas de un año, sino que hace uso de la prevalencia para calcular el impacto de las víctimas de años anteriores al 2015.

El estudio concluye que la prevención de la violencia contra la infancia debe ser calificada como inversión ya que su retorno revierte no sólo en la persona, sino en toda la sociedad. Es necesario hacer efectiva la coordinación y armonización de las distintas administraciones para una recogida de datos acertada, acorde con los estándares internacionales.

La violencia contra la infancia constituye un grave problema, de alcance desconocido, que debe tener cabida en la agenda política de nuestro país a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Protección Integral frente a la violencia contra la Infancia y Adolescencia. Una ley que ya cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, que debe estar acompañada por el desarrollo de una estrategia integral para erradicar la violencia y contar con suficientes recursos y dotación presupuestaria. “Es necesario un marco legal que responda a una idea común de la violencia contra la infancia”, recalcó Dubin.