El consentimiento expreso y explícito del uso de los datos personales por parte de empresas y entidades públicas es una de las nuevas normas que el Reglamento General de protección de Datos obliga a cumplir desde el pasado 25 de mayo. Además, existen otros factores importantes incluidos en la ley que se deben de tener en cuenta.

Tras las peticiones de consentimiento enviadas por las empresas, la mayor parte de los ciudadanos han optado por aceptar las reglas del RGPD, reglas que la Unión Europea ha modificado con el objetivo de poder ofrecerles un mayor control y poder de decisión sobre el uso de sus propios datos.

Sobre otros factores que incluye la renovada normativa de protección de datos y que afecta tanto a empresas, autónomos como a administraciones públicas que tratan con información personal diariamente, la correduría de seguros ARTAI, hace hincapié en que el incumplimiento de las mismas puede acarrear multas de hasta 20 millones de euros ó el cuatro por ciento de la facturación anual.

Por otro lado, el usuario también cuenta con dos nuevos derechos fundamentales que se refieren al derecho al olvido o a la supresión de datos personales y el derecho a la portabilidad de los mismos, cuando ya no sean necesarios para la finalidad con la que fueron tomados, se haya retirado el consentimiento o si se han recogido de forma ilícita.

Otro gran desafío al que se enfrentan las empresas con la nueva ley tiene que ver, por un lado, con la necesidad de contratar a un delegado de protección de datos para garantizar el cumplimiento del reglamento y por otro lado, con la de informar en un plazo de 72 horas como máximo, tanto a autoridades como a usuarios, en el caso de haber sufrido un incidente de seguridad que haya puesto en un serio compromiso los datos personales que se guardan.

El esfuerzo que deben hacer las empresas e instituciones para adaptarse a la nueva legislación no siempre es suficiente y por eso desde ARTAI se aconseja y ofrece un seguro de protección de datos como una solución aseguradora para evitar pérdidas de patrimonio en las empresas y aportar la máxima protección frente a reclamaciones de terceros y de empleados, incluso ante la Agencia Española de Protección de Datos, por un posible incumplimiento de la legislación en esta materia.