La entrada en liza del gobierno socialista no sólo ha significado el que muchas de las decisiones acertadas tomadas por el anterior gobierno del PP hayan quedado en entredicho, recortadas o abolidas por completo, sino que, como se está viendo, se toman decisiones que nos hacen suponer que la demagogia, la propaganda de tipo partidista, la falsa e hipócrita idea de que cualquier migrante que llegue a nuestro país debe ser recibido sin más consideraciones o, lo que ya se ha estado experimentando en ciudades como Barcelona y Madrid, gobernadas por alcaldesas de corte izquierdista radical, en las que parece que los gobernantes impiden que se cumplan las leyes, que se respeten los derechos de los ciudadanos, que se mantenga la seguridad jurídica y se respecten las normas constitucionales, la libertad de mercado y la libre iniciativa de los ciudadanos para poder llevar a cabo sin interferencias de la Administración del Estado ni de ningún otro ente de tipo autonómico o municipal lo que su propia iniciativa les aconseja; de modo que la riqueza del país quede quedar coartada por idealismos cerriles o invenciones sectarias de determinados funcionarios a los que no les preocupa saltarse las leyes o actuar excediéndose de sus funciones, convencidos de que van a poder actuar impunemente, ante la pasividad de los poderes públicos encargados de la defensa de los ciudadanos y de que, el sistema de gobierno democrático sea respetado en todos los lugares del reino. En definitiva el cumplimiento estricto de la Constitución de 1978, tal y como corresponde a cualquier país en el que exista el Estado de derecho.

Hemos entrado en una situación de trauma nacional tan absurda, se ha producido una alteración tal en lo que son los medios de comunicación y en todos aquellos colectivos que han estado esperando la caída de Rajoy como agua de Mayo; que estamos cayendo en el peligro, grave peligro, de que los españoles nos acabemos creyendo que España puede seguir viviendo a cuenta de las declaraciones demagógicas de los nuevos gobernantes, que no nos apercibamos de que la mayoría de correcciones que se proponen, los cambios sociales que se dan por descontados, los gastos en inversiones o en subvenciones a determinados colectivos o apoyos a organizaciones de socorro a los necesitados que les hayan sido fieles y afines a sus ideas de izquierdas, no están respaldados por los presupuestos generales del Estado que ahora se pretenden revalidad por parte del gobierno del señor Pedro Sánchez. Es posible que, la gran batalla de propaganda que se ha puesto en marcha con la caída del señor Rajoy y de su partido; de la euforia entre todos aquellos comentaristas, de extrema izquierda, separatistas, socialistas resabiados etc. que ya han entendido que el gobierno de dos años del PSOE les va a dar los votos que, durante las pasadas votaciones, han venido perdiendo en beneficio de comunistas y de Ciudadanos puedan ser, simplemente, meras ilusiones de aquellos que han estado tanto tiempo soñando con cargarse a la derecha, que no les permitan ver que España está necesariamente ligada en lo económico, lo industrial, lo social, lo financiero y lo político al resto de la UE, sin cuyo apoyo y beneplácito no tenemos la menor posibilidad de subsistir como potencia económica ni, tan siquiera, de poder mantener nuestras relaciones con el resto de los países que la integran salvo, en su caso, con naciones como Grecia o la propia Italia que, actualmente, si queremos ser sinceros, no parece que, los gobiernos populistas que las están gobernando, tengan grandes posibilidades de lograr aplicar, sin grave detrimento de sus respectivas economías y nivel de vida de sus ciudadanos, todos sus programas sociales basados, exclusivamente, en lo que la mente calenturienta y poco realista de dirigentes como Beppe Grillo o Salvini, puedan entender que son capaces de conseguir.

En el caso de España, los cálculos erróneos del anterior gobierno del PP sobre la fuerza del soberanismo catalán y vasco, sostenidos con una tozudez digna de mejor causa y una falta de visión política imperdonable en personas que debieran de estar al tanto de lo que verdaderamente estaba sucediendo en provincias en las que, la propagación de las ideas nacionalistas y separatistas, ha ido aumentando a medida que sus dirigentes han ido comprobando que incumpliendo las leyes, retrasando obedecer lo que desde Madrid se les indicaba que hicieran y negándose, tercamente y sin intentar disimularlo, a cumplir todas las sentencias de los tribunales de Justicia que los conminaban a que se atuvieran a la legislación en cuanto a las leyes españolas junto a la forma indebida con la que han ido aplicando las transferencias que se les han ido dando en virtud de su Estatuto.

Mientras el señor Torrents, en Barcelona, piensa en seguir su trayectoria hacia la constitución de una república catalana, los independientes han conseguido regresar a las instituciones y ya se habla de restaurar aquellas “embajadas” que, el 155, empezó a desmontar considerándolas como meros focos de propaganda independentistas instalados en naciones extranjeras, en muchos casos, atribuyéndose funciones que solamente le estaban reservadas al Estado español. En apenas un par de semanas, todo lo que se había conseguido con la cacareada implantación del Artº 155 de la Constitución, para volver a poner la comunidad catalana bajo la bandera constitucional, ha quedado desmantelado y, lo poco que se había logrado mejorar con él, ha vuelto a la situación anterior y, pese a que los tribunales siguen manteniendo a los presos en su misma situación, es evidente que la llegada de un gobierno dirigido por P. Sánchez ha servido, conocida su postura respeto a darles más libertades a los catalanes para que se constituyan en una nación federada dentro de una federación de la nación española, ha desbocado el optimismo dentro del separatismo que ya vuelve a las andadas sin el menor asomo de temor, dando por descontado el que con Sánchez en el poder sus aspiraciones tienen más posibilidades de conseguirse.

Basta ver cómo, en Barcelona, la señora Colau, que ha estado un tiempo navegando en la indecisión, intentando permanecer imparcial entre el separatismo ( al que apoyaba indirectamente) y el permanecer fiel a su partido Podemos; ha vuelto a aprovechar la situación de inestabilidad derivada de la implantación de un nuevo gobierno socialista con distintas sensibilidades respecto al tema catalán, pensando que ello le va a permitir seguir explotando su vena ácrata imponiendo su voluntad a todos los ciudadanos barceloneses, con o sin el apoyo de las leyes, para obligarles a pasar por las Orcas Caudinas de su voluntad, utilizando el método de hacer el chantaje, sin disimulo alguno, con el que pretende imponer una moratoria de un año, sin justificación alguna que lo avale, a las nuevas construcciones o grandes rehabilitaciones superiores de 600 metros cuadrados. Claro que el tema, como se puede suponer tratándose de una activista y antisistema declarada, que dijo desde el primer día en el que ocupó la poltrona municipal que a ella “no le importaría desobedecer aquellas leyes que a ella le parecieran mal” algo que, en honor a la verdad, ha ido cumpliendo escrupulosamente desde que empezó su mandato, se podía ver venir tarde o temprano.

Todo se intenta justificar con una iniciativa urbanística consistente en dos modificaciones del Plan General Metropolitano; mediante una de las cuales van a plantear que los promotores “contribuyan al plan público de vivienda de la ciudad “ y la otra “convertir el término municipal de Barcelona en un área de derecho de tanteo y retracto a favor del Ayuntamiento”. Evidentemente, ello supone grandes injerencias en el derecho Civil y en los derechos que en el mismo se les reconocen a los propietarios; establece una inseguridad jurídica y una invasión de los derechos de las sociedades de construcción a las que, sin otra posibilidad que acudir a los tribunales o achantarse a las imposiciones intervencionista de la alcaldesa, se las deja inermes ante la cacicada municipal de impedir seguir ejerciendo su actividad durante un año, salvo que se sometan al chantaje de construir al menos un 30% de viviendas sociales lo que, evidentemente, no hará sino encarecer el resto de la construcción, provocando de inmediato una espectacular alza de precios de venta dentro de la ciudad, ya de por sí una de las más caras de España en cuanto al precio de la vivienda.

Otra de las consecuencia más previsibles va a ser que, muchas de las empresas de construcción que actualmente trabajan en Barcelona, trasladen su actividad a otras autonomías donde no se los machaque a impuestos y, por añadidura, se les impida ejercer su actividad fuera de ella, escarmentados de los vaivenes municipales impulsados por los cambios de humor de la señora alcaldesa propiciados por su evidente vena de activista comunista y decida hacerse la dueña de toda la ciudad, como sucederá con el hecho insólito de convertir al Ayuntamiento en un órgano fiscalizador de todas las ventas que se lleven a cabo en la ciudad condal, ya que no habrá quien tenga la seguridad de que lo que compra acabe siendo de su propiedad o, por el contrario, se le prive de ella para convertir al Ayuntamiento en un moderno modelo del tipo soviético donde el Estado, en este caso el municipio, era quién asignaba las viviendas a sus ciudadanos. ¿Sigue siendo Cataluña, de hecho, una parte de España? porque, señores, si es así ¿dónde diablos está el artº 14 que nos garantizaba a los ciudadanos españoles la igualdad con aquellas palabras: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”?

Y esta señora es la que reclama más mossos de escuadra porque la criminalidad en su ciudad, Barcelona, ha aumentado el último año un 15%. Es la misma q sigue apoyando, sin permitir que la policía actúe en contra de los manteros ilegales, que utilizan el sistema de utilizar las calles para hacerles la competencia a los comerciantes vendiendo los mismos artículos, en ocasiones falsificados, a precios inferiores a los de aquellos que, sin embargo, tienen la obligación de obtener permisos, pagar impuestos y tasas, alquileres o IBI, algo que, evidentemente, los manteros, últimamente constituidos en un sindicato pese a estar legalizados, constituidos en vendedores ambulantes ilegales no lo hacen, dado que no están controlados por el municipio y gozan de la simpatía y protección de la señora alcaldesa. Y uno, curado de espantos ante el hecho evidente de que el Estado de derecho, al menos en Cataluña, es inexistente; se pregunta, una pregunta retórica pos supuesto, ¿Es que no hay nadie en España que sea capaz de acabar con las arbitrariedades de esta señora, nepotista por añadidura que, apalancada en su cargo, no hace más que tomar decisiones que, de seguir por este camino, van a conseguir que el número de empresas que abandonen la capital catalana vayan aumentado en progresión geométrica y que, una ciudad de gran porvenir turístico, acabe convirtiendo en la típica ciudad “muerta”, como aquellas ciudades “fantasma” que aparecen en los documentales, totalmente abandonadas, del oeste americano.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la triste impresión de que España se está convirtiendo en un lugar en el que los derechos de los ciudadanos están siendo pisoteados sin que, el comunismo, haya sido capaz, aún, de tomar las riendas del Gobierno. Si llegan a conseguirlo, la Unión Soviética y su régimen opresivo, al lado de lo que quede de España, va a ser poco menos que una futesa.