MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, aseguró este miércoles que él confía en que ninguna comunidad se niegue finalmente a acatar el Real Decreto-Ley 2/2025 que establece la derivación automática de menores migrantes entre autonomías, cuando un sistema de protección a la infancia se encuentree al triple de su capacidad ordinaria, esto es, cuando se declare en situación de 'contingencia migratoria extraordinaria'.
En una entrevista en RTVE, recogida por Servimedia, Torres defendió que las comunidades "no pueden negarse a cumplir" una ley que "ya ha sido convalidada y desarrollada mediante reales decretos" y dijo estar convencido de que "ninguna lo va a hacer". De lo contrario, "tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", apuntó. "Pero no me cabe en la cabeza" que esto suceda, indicó.
Torres recordó que varias de ellas (11 en total) "ya han presentado recursos ante el tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo" y que "otras amenazan con hacerlo". "Están en su derecho", prosiguió, y "algunas ya han recibdo varapalos".
En su opinión, "hemos hecho una modificación legislativa (del artículo 35 de la Ley de Extranjería) muy importante y justa, que no se había hecho en 30 años". "Los territorios frontera no pueden asumir todos los menores no acompañados que lleguen y, sobre todo, estos niños tienen derecho a no vivir hacinados y a recibir la mejor atención posible", declaró.
Según Torres, lo que este real decreto contempla es que los menores migrantes se repartan en función de la población de cada territorio (junto a otros criterios). "La ratio para el conjunto de España es de 32,6 niños por cada 100.000 habitantes. "Hay algunas que están por encima de esa capacidad y otras que están claramente por debajo", destacó Torres.
A su juicio, "es de justicia que los menores se distribuyan en función de la población" de cada territorio. "Con esto no se discrimina ni se aventaja a ninguna" de ellas. "Lo que sí es lamentable es escuchar críticas, como las de Baleares, que ni siquiera ha entregado los certificados para acreditar los menores atendidos", valoró.
En el futuro, algunas de estas comunidades que ahora se oponen podrán acogerse a la posibilidad que abre el real decreto y declarar la contingencia migratoria extraordinaria cuando su sistema de protección a la infancia llegue al triple de capacidad. "Es justo, de solidaridad y de conjunto de país", recalcó.
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