El PP confía en un adelanto electoral para minimizar el impacto de la treintena de causas judiciales que le afectarán en otoño

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo deposita su confianza en un adelanto electoral para minimizar el impacto en sus expectativas electorales de la treintena de causas judiciales por corrupción que están pendientes de resolución a partir del próximo otoño.

Antes de final de año, una batería de sentencias que pondrán punto y final a varias macrocausas amenazan con dar al traste con la estrategia de desgaste al Gobierno del Partido Popular centrada en las acusaciones de corrupción vinculadas las investigaciones del 'caso Koldo', y de las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los populares tienen a más de 150 cargos implicadas en una treintena de procesos por corrupción. Entre ellos hay causas tan mediáticas como los casos 'Gürtel', 'Kitchen', 'Púnica', 'Lezo', 'Erial' o 'Ciudad de la Justicia' de Madrid, además de la incipiente investigación sobre el 'caso Montoro'. Figuran como implicados exministros, expresidentes autonómicos y altos cargos del PP.

Dentro del 'caso Gürtel" hay varias piezas abiertas y algunas de ellas están pendientes de sentencia que podrían conocerse este otoño. Además, hay recursos pendientes ante el Tribunal Supremo relativos a la llamada 'caja B' del PP de financiación ilegal.

En el 'caso Lezo', están en marcha investigaciones sobre cajas de ahorros y sobre el rescate de autopistas radiales, que tienen al PP como responsable civil y a varios exdirigentes populares imputados.

En la 'operación Púnica' que investiga la Audiencia Nacional, el juicio comenzó el pasado mes de abril con 37 procesados, nueve de ellos exalcaldes, y por el supuesto amaño de contratos públicos en diversos municipios por más de 224 millones de euros.

Con la instrucción de la 'operación Kitchen' el juicio que tendrá lugar en la Audiencia Nacional dará comienzo en mayo de 2026, para esclarecer la existencia de una trama ilegal desde el Ministerio del Interior para espiar al extesorero popular Luis Bárcenas y a adversarios políticos. Están procesados en este caso el exministro Jorge Fernández Díaz y su 'número dos' en el Ministerio, Francisco Martínez, que ejercieron sus responsabilidades bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

Quedan pendientes de recurso las causas por las que se condenó al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por el origen de su fortuna; a Eduardo Zaplana, condenado a más de 10 años de prisión por blanqueo y cohecho; o el relativo a la Ciudad de la Justicia de Madrid, caso en el que fue condenado Alfredo Prada por prevaricación y malversación.

Además, la investigación de dos causas que afectan a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, podrían hacer mella en el PP pese a que el empresario no tiene relación formal con el partido. González Amador está imputado por dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad en documento mercantil. En una pieza separada de la principal se le investiga por corrupción en los negocios y administración desleal.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid se ve amenazado también por los procedimientos penales abiertos en juzgados de Madrid y Leganés por la aplicación de los llamados 'protocolos de la vergüenza' que impidieron el traslado al hospital de mayores que vivían en residencias públicas durante la pandemia. Están investigados tres altos cargos del Ejecutivo de Ayuso.

También podría dar disgustos al PP la instrucción de la jueza de Catarroja sobre la gestión de la dana, que está tocando a su fin. En esta causa se investiga la responsabilidad de la administración autonómica de Carlos Mazón en la muerte de 228 personas en las riadas del 29 de octubre de 2004. Por el momento, están imputados Salomé Pradas, exconsejera de Interior de la Generalitat, y Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de seguridad y emergencias. No es descartable que el caso acabe salpicando al presidente autonómico.

El PP es el único partido de ámbito nacional condenado en tres ocasiones a pagar por delitos relacionados con la corrupción un total de 573.360,44 euros por lucrarse con trama y como responsable civil subsidiario. También es el único partido nacional condenado por tener una 'caja B' que funcionó durante dos décadas.

Además, el PP tiene al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy investigado por la justicia andorrana por "delitos de coacciones, amenazas de un mal constitutivo de delito, de chantaje, extorsión, coacciones a órganos constitucionales y de creación de documento falso por parte de un funcionario".