MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España han emitido un comunicado en el que exigen romper cualquier tipo de relaciones, ya sean comerciales, científicas o diplomáticas, con el Estado de Israel y aplicar sanciones internacionales ante el genocidio que sus autoridades están perpetrando en Gaza.
Las organizaciones se pronuncian ante la situación que se desarrolla en los territorios ocupados palestinos, especialmente en Gaza, y sobre la base de informes y resoluciones de organismos internacionales.
Existe un embargo integral de armas, incluidos transporte y contratos tecnológicos, prohibiendo el uso de puertos y aguas jurisdiccionales españolas para dicho transporte, prohibir cualquier relación comercial con Israel que genere beneficios derivados de la ocupación ilegal, suspender todo acuerdo de cooperación en investigación, ciencia, cultura y deporte con Israel y suspender de inmediato las relaciones diplomáticas.
Igualmente instan que la UE suspenda el Acuerdo de Asociación UE-Israel hasta el cumplimiento del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU, así como adherirse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por violación del Convenio de Genocidio.
Estas tres organizaciones piden cooperar con la investigación de este tribunal internacional sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad en Palestina, garantizando el cumplimiento de sus decisiones, así como la celebración de una Conferencia Internacional para la imposición de sanciones a Israel por violaciones graves del Derecho Internacional.
En materia de legislación nacional, piden modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar la efectividad de la jurisdicción universal en crímenes internacionales y la adopción de medidas políticas y humanitarias que garanticen la protección del pueblo palestino, su acceso al sistema de protección internacional y unas condiciones de acogida dignas.
Estas asociaciones realizan este pronunciamiento desde el "compromiso con el Derecho Internacional, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de resoluciones judiciales internacionales".
Por ello, interpelan al Gobierno y a la UE para que "cesen toda cooperación activa o pasiva con violaciones graves del Derecho Internacional, recordando la posible responsabilidad penal de quienes, por acción u omisión consciente, faciliten la comisión de crímenes internacionales".
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