Gestha advierte de que el acuerdo con Cataluña "pone las bases" para un modelo tributario federal

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda Gestha advirtió este lunes de que el acuerdo bilateral para la financiación autonómica firmado este lunes entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña "pone las bases de un modelo tributario federal", en medio de un "contexto convulso" en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

El sindicato indicó que la gestión tributaria federal "responde a la decisión de la ministra de Hacienda" para que todas las comunidades autónomas de régimen común alcancen mayor capacidad normativa y de gestión del IRPF. "Aunque en un primer momento buena parte de las comunidades autónomas no querrán las nuevas competencias, en un futuro las asumirán como en su día hicieron con la gestión y recaudación de los impuestos de Sucesiones y donaciones, Transmisiones patrimoniales, Patrimonio o Juego", pronosticó el sindicato.

Gestha explicó que, con este acuerdo, cuando la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) asuma la recaudación de 27.590 millones del IRPF en Cataluña, pasará de recaudar 5.238 millones de sus impuestos cedidos y propios a gestionar 38.238 millones, seis veces más. Además, tendrá que devolver 2.737 millones a los declarantes catalanes, así como reintegrar al Estado la parte que se acuerde de la cuota estatal del IRPF.

Por todo ello, Gestha indicó que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) tendrá que aumentar la plantilla de funcionarios de los 832 empleados que tiene actualmente -con solo 29 inspectores y 41 técnicos- hasta los 5.200 empleados, de los cuáles unos 2.000 serán inspectores y técnicos autonómicos.

"A medio plazo, es posible que la AEAT ceda medios informáticos a la ATC para compartir la información del IRPF y que no aumente el fraude, pero será muy difícil el traspaso de una parte del personal, ya que la gran mayoría de los 6.359 empleados de la AEAT en Cataluña rechaza integrarse en la ATC", avisó Gestha, quien estimó que la gran mayoría de los técnicos de la AEAT en Cataluña no querrán pasarse a la ATC al carecer de lazos afectivos y familiares en la región.

Estas dificultades llevan a los técnicos de Hacienda a proponer un consorcio tributario para el Impuesto de la Renta, en línea con la opinión del consejero de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, que condiciona la cesión del IRPF a las modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de la Comunidades Autónomas (Lofca) y el aumento de los recursos humanos de la Agencia Tributaria Catalana.

CAMBIAR VARIAS LEYES

Asimismo, Gestha consideró "imprescindible" cambiar varias leyes orgánicas y ordinarias para ceder, además de la gestión, un mayor porcentaje de la recaudación del IRPF a las comunidades autónomas. También advirtió de que el Gobierno de España tendrá que emplearse en una "intensa negociación multilateral" para acordar el cambio del modelo de financiación autonómica, realizar un diseño "impecable" de las modificaciones legales necesarias para ceder la gestión del IRPF sin tacha de inconstitucionalidad, y recabar los apoyos parlamentarias para su aprobación.

No obstante, en opinión del sindicato, la actual crispación política complicará la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, que debe asegurar la suficiencia financiera del gasto regional y la solidaridad territorial, especialmente en cuanto al criterio de ordinalidad, en relación con la corresponsabilidad fiscal para que los servicios públicos tengan niveles similares en todas las comunidades autónomas.

De aprobarse finalmente una aportación a la solidaridad territorial con el criterio de ordinalidad de la recaudación tributaria, las autonomías más beneficiadas serán aquellas donde más se recauda en relación con la financiación que reciben, principalmente la Comunidad de Madrid, seguida de Baleares y Cataluña.

Por el contrario, las autonomías más perjudicadas serán las que reciben más financiación de los Fondos de Garantía, Suficiencia, Cooperación y Competitividad, en relación con la recaudación en dichos territorios, como Extremadura, Canarias y Asturias.