Bustinduy exige ante la ONU una tributación global "justa" que permita la "redistribución" de "riqueza y poder"

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, exigió este viernes ante la ONU la adopción de una tributación global "justa" que permita la "redistribución" de la riqueza y, con ello, también del "poder", convencido de que "no es aceptable ni sostenible" que las grandes corporaciones que operan a escala global "no tributen de acuerdo a los beneficios que generan sus actividades".

Así lo reivindicó Bustinduy durante su intervención, en Ginebra, en la clausura de la 9ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Competencia y Protección del Consumidor, en la que abogó por gravar a grandes empresas y multinacionales, así como a los grandes capitales y a los ultrarricos.

Tras subrayar que el comercio digital "está creciendo", las cadenas de suministro globales "ya son mayoritarias y cada vez más complejas" y la producción y el consumo "son bien diferentes de lo que eran hace unas décadas", el ministro advirtió de que los mecanismos que las instituciones tienen para la gobernanza de estos procesos económicos y productivos "también deben serlo".

En la misma línea, puntualizó que, "en este marco del comercio globalizado", se han "abierto muchas preguntas" en relación a asuntos como "qué quiere decir para la ciudadanía vivir en un mundo más abierto" así como sobre las condiciones laborales de los trabajadores en las cadenas de valor globales, el impacto medioambiental o los derechos humanos de estos procesos.

"En todas y cada una de estas cuestiones, tenemos un larguísimo camino por delante", agregó, al tiempo que precisó que "un tema que se ha tratado menos desde una perspectiva de garantía de derechos" es "el lugar que ocupan en esta nueva economía las personas consumidoras".

INMENSO PODER

En este sentido, Bustinduy recordó que los agentes económicos del comercio internacional, incluyendo grandes fondos o grandes empresas multinacionales, "han ido aumentando sin cesar su tamaño, la concentración de la riqueza y también el inmenso poder que atesoran para poder determinar cómo funcionan las relaciones económicas".

"Pero, sobre todo, este proceso se ha dado a un ritmo muchísimo más acelerado e intenso que el que ha ido cobrando la protección de los derechos de las personas consumidoras", prosiguió, al tiempo que destacó que el "resultado" de esta "asimetría" es que, "a menudo", las autoridades de consumo se encuentran con una situación "marcada" por la presencia de "enormes empresas que operan dictando las reglas del mercado" y , frente a ellas, consumidores que, "demasiado a menudo, se sienten desprotegidos frente a estas relaciones".

En este punto, "aprovechando" que la Conferencia celebraba también el hito del 40 aniversario de la adopción de las directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor, Bustinduy quiso "poner el foco" en que la política de protección de las personas consumidoras "nos enseña mucho sobre las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades y las relaciones económicas en las que vivimos".

"Por eso, la política de consumo debe servir siempre al objetivo de romper con esa lógica de desigualdad entre ciudadanos, entre países, entre actores y operadores económicos", aseveró, convencido de que, para ello, debe ser el Estado el que "garantice" que ninguna persona "se enfrente sola a una condición de vulnerabilidad o a los abusos de una gran corporación".

PRÁCTICAS ILÍCITAS

Para Bustinduy, al igual que el Estado "debe garantizar protección para la ciudadanía", también tiene que "conseguir que se cese en las conductas que incurran en prácticas ilícitas por parte de los grandes operadores del mercado", para lo cual, a su entender, "sirve reforzar las herramientas de sanción, control y vigilancia para los poderes públicos".

"Con todo, si me permiten decirlo, con eso no es suficiente", sentenció, consciente de que, además de "cumplir la ley, faltaría más", los grandes operadores económicos transnacionales también "deben contribuir al bienestar y a la seguridad colectiva de nuestras sociedades de acuerdo con su capacidad económica".

A este respecto, criticó que el G7 haya acordado eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo global del 15%, una "excepción" con la que se mostró en desacuerdo, al entender que "no es aceptable ni sostenible" que las grandes corporaciones que operan a escala global "no tributen de acuerdo a los beneficios que generan sus actividades".

"Hay que gravar a las grandes empresas y a las grandes multinacionales y también a los grandes capitales y a los ultrarricos", defendió, al tiempo que indicó que solo en Europa "537 personas poseen más de 1.000 millones de dólares de fortuna cada una" y calculó que "aplicándoles tan solo un impuesto de un 2% a su riqueza, se podrían recaudar casi 70.000 millones de euros anuales".

MUCHÍSIMO POR HACER

Esto le sirvió para deslizar que "aún queda muchísimo por hacer" y que las "desigualdades" entre el sur y el norte global "siguen marcando la realidad de nuestra vida cotidiana en el planeta de manera desgarradora" al igual que a nivel interno en cada país.

"Mantener un sistema de fiscalidad internacional claramente injusto no debería ser una opción, porque la política de consumo, como la política social o climática, son elementos fundamentales para garantizar el porvenir de una sociedad segura e igualitaria", afirmó, convencido de que, para ello, "tan importante como las políticas de protección de los consumidores, vigilancia del mercado, establecimiento de normas e información clara sobre las relaciones comerciales", también lo es "adoptar una tributación global justa que permita la redistribución de la riqueza y, por ende, del poder".