MADRID, 04 (SERVIMEDIA)
El Partido Popular aprobó este viernes en su 21 Congreso Nacional una enmienda con la que incorpora a su ideario el rechazo a que las personas inmigrantes en situación irregular puedan obtener el permiso de residencia en España alegando que perciben una prestación pública, como por ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, fue el encargado de defender esta enmienda durante el debate en comisión de la ponencia política, que habían redactado la eurodiputada Alma Ezcurra, los presidentes autonómicos de Andalucía y Castilla y León, Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente; y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.
La iniciativa salió adelante con el visto bueno de los compromisarios que asistían al debate y de los propios responsables de la ponencia. De Andrés tomó la palabra para explicar que la legislación española reconoce el derecho a la residencia de las personas que están en España o solicitan su entrada en el país cuando gozan de una "solvencia económica".
Sin embargo, expuso que hay casos de personas en situación irregular que previamente han llegado a esa solvencia económica recibiendo prestaciones públicas que están incluso "por encima del Salario Mínimo Interprofesional", lo cual les facilita el acceso a la residencia y, una vez que la consiguen, les blinda para seguir recibiendo dichas ayudas.
Según informaron a Servimedia fuentes presentes en el debate, la ponencia política del PP también sacó adelante otras tres enmiendas sobre el futuro de las centrales nucleares, la falta de inversión del Gobierno de España en la red de transportes de la Comunidad de Madrid y para que las ciudades puedan disponer de más suelo para construir vivienda.
La dirección nacional del PP informó oficialmente de que en los dos debates de ponencias se habían aprobado los textos finales "sin enmiendas pendientes" que tengan que debatirse este sábado durante el debate en el Pleno, en el que tienen derecho a asistir y participar los más de 3.200 compromisarios que asisten al cónclave.
Por su parte, la ponencia de Estatutos salió adelante sin incluir enmiendas nuevas, al haber sido aprobada "por unanimidad". Sólo cinco enmiendas llegaron a debatirse, de las cuales cuatro fueron finalmente retiradas por los proponentes y una fue sometida a votación y rechazada por la mayoría de los compromisarios.
El PP presumió así de que "después de ocho años sin ponencias ideológicas y sin reformas de estatutos" ha conseguido "actualizar" su ideario y su reglamento interno "por consenso absoluto", si bien no se han planteado temas espinosos que sí estuvieron presentes en anteriores cónclaves, como eutanasia, matrimonio homosexual, vientres de alquiler y aborto.
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