Bustinduy asegura que el "negacionismo climático" de Feijóo y la ultraderecha "es una cuestión de clase social"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseguró este martes que el "negacionismo climático" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como de la ultraderecha "es una cuestión de clase social" y juzgó "fundamental" hacer "recaer" el "coste" de la transición ecológica en quienes "más contaminan".

Así lo reivindicó durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, que aprobó en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible presentado por su departamento y que, entre otras cuestiones, prohibirá la publicidad de vuelos cortos cuando exista una alternativa menos contaminante cuya diferencia de duración no sea superior a dos horas y media, así como de los combustibles fósiles y de los vehículos propulsados exclusivamente por ellos, medidas que el ministro consideró "un avance importante".

"La intención es incentivar la transición industrial y productiva para generar no solo modelos más sostenibles, sino también más accesibles para que bajen los precios y podamos hacer esta transición asegurando la inclusión y la justicia social", destacó.

Tras puntualizar que, a partir del año 2035, la venta de vehículos que utilizan "exclusivamente" combustibles fósiles quedará prohibida por la UE, Bustinduy explicó que lo que persigue "actuando" sobre la publicidad de los vehículos más contaminantes y de los combustibles fósiles también es "acelerar la transición industrial y productiva" para hacer que la industria sea "más competitiva" y, por tanto, "que pueda garantizar la accesibilidad y la justicia social en esta transformación".

"La transición ecológica no puede recaer sobre responsabilidades individuales ni puede depender de la capacidad económica o la renta de cada cual", abundó, convencido de que, para ello, resulta "fundamental" que la transformación industrial "se acelere y se haga conforme a criterios de equidad y de inclusión".

EL 1% CONTAMINA MÁS QUE 12 MILLONES

En este contexto, hizo hincapié en que "el 1% de la población contamina más que 12 millones de personas en España" y reiteró que ve "fundamental que, fiscalmente, hagamos recaer el coste de esta transición en quienes más contaminan".

"Porque estamos en un momento en el que los ricos contaminan y son los pobres, quienes están en una situación más vulnerable no solo en nuestro país sino en el sur global también, quienes más pagan los efectos de la crisis climática", denunció.

A este respecto, incidió en que "el negacionismo climático del señor Feijóo y de la ultraderecha es una cuestión de clase social, porque son los ricos quienes más contaminan, pero son los pobres quienes más pagan los efectos del cambio climático" y adelantó que todas las medidas que recoge este anteproyecto de ley "buscan acelerar una transición hecha desde una perspectiva de justicia social".

Con respecto a la futura norma, que tildó de "ambiciosa", Bustinduy recordó que el consumo sostenible "es un concepto establecido que tiene que ver con la capacidad de garantizar la disponibilidad de bienes y servicios presentes sin comprometer la capacidad de ofrecerlos en el futuro".

MUCHÍSIMAS MEDIDAS

Entre las "muchísimas medidas" que incluye, hizo referencia a la práctica conocida como greenwashing o eco postureo y avanzó que su gabinete establecerá un sistema para "certificar de manera objetiva aquellas valoraciones que se hagan sobre las cualidades o virtudes de un producto" y prohibirá las afirmaciones que estén basadas en la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asimismo, en cuanto a la lucha contra la obsolescencia programada, articulará una serie de medidas que, por ejemplo, prohíben "inducir" a sustituir elementos fungibles de un bien "antes de que sea necesario" o afirmar "falsamente" que utilizar recambios o elementos fungibles que no sean proporcionados por el productor "pueda afectar al buen funcionamiento de un bien cuando esto no sea así".

Además, se regularán las actualizaciones de software obligando a que se informe en el caso de que una actualización vaya a afectar a la funcionalidad de un bien y prohibiendo que se plantee como necesaria una actualización "cuando no lo sea".

A su vez, el ministerio va a "intervenir" sobre el etiquetado de los bienes y productos para "poder identificar aquellos que tengan una garantía superior a dos años" y para incluir información sobre la reparabilidad de un producto y obligará a que los repuestos para un producto o bien estén disponibles "hasta diez años después de que ese producto deje de fabricarse".

DERECHO A REPARAR

"También vamos a obligar a incluir información orientativa sobre los precios de las reparaciones en las páginas webs de los productores y a extender el plazo de garantía de un bien cuando este se repare por un periodo adicional de 12 meses", apostilló, al tiempo que mencionó la creación de una plataforma digital de reparaciones en la que los usuarios podrán encontrar reparadores y que permita poner en contacto los compradores de bienes defectuosos y los vendedores de bienes reacondicionados.

Con todo, subrayó que la "medida más innovadora" que plantea esta ley es la creación de un sistema de "cofinanciación" para las reparaciones y expresó su intención de "reducir la factura de las reparaciones haciendo que los productores asuman hasta un 20% de su coste".

Bustinduy mencionó también como un "elemento central" de la ley la regulación de la conocida como 'publicidad del miedo', en referencia a aquellos mensajes publicitarios que "explotan el miedo como emoción principal" y que "pretenden generar una sensación falsa de vulnerabilidad o de ansiedad" que "puede llevar a los consumidores a contratar bienes o servicios que quizá no necesiten".

"Vamos a obligar a incluir en estos mensajes publicitarios que apelen al miedo como emoción principal información objetiva, estadísticas, datos contrastables que permitan conocer la realidad social sobre la que están intentando operar", sentenció, al tiempo que explicó que otra de las claves de la nueva ley es la regulación del fenómeno de la reduflación o la prohibición de la reventa de entradas para espectáculos por un precio que sea superior al de venta original más el IPC, una práctica que calificó de "abusiva y especulativa".