Bustinduy cree que Almeida "no ha hecho nada" contra los pisos turísticos ilegales y le pide que "cumpla con su obligación"

MADRID, 01 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, aseveró este martes que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "no ha hecho nada" para frenar la proliferación de pisos turísticos ilegales en la capital, y le pidió que "cumpla con su obligación" y defienda el derecho a la vivienda de los madrileños frente a los "intereses" de un "puñado" de empresas.

Así lo reclamó durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que, en respuesta a las acusaciones de Martínez-Almeida, que criticó su "deslealtad" después de que el ministerio que dirige haya entregado un nuevo archivo digital al Ayuntamiento de Madrid con las direcciones postales de 3.565 pisos turísticos ilegales ubicados en la ciudad, Bustinduy aseguró "respetar" el "estilo político de cada quien, también del señor Almeida a pesar de que incida muchas veces en la falta".

"No hay ninguna deslealtad, es todo lo contrario: el Ministerio de Consumo está haciendo el trabajo que el Ayuntamiento de Madrid no está haciendo", reiteró, al tiempo que detalló que su gabinete ha recabado información con las direcciones postales, "calle y puerta", de 3.500 pisos turísticos que están "operando de manera ilegal" en la ciudad de Madrid y le ha remitido esa información junto con los anuncios que, según el ministro, "demuestran la actividad comercial ilícita de esas 3.500 viviendas".

Todo ello, con el objetivo de que el consistorio, que es, recordó Bustinduy, "quien tiene las competencias y, por tanto, la obligación legal", proceda a "inspeccionarlos, a cerrarlos y a sancionar a sus propietarios".

"La realidad es que el alcalde de Madrid no ha hecho nada en esta materia", lamentó el titular de Derechos Sociales y Consumo, al tiempo que subrayó que ya le remitió hasta 16.000 anuncios de pisos turísticos que "probaban" que en la ciudad de Madrid había más de 15.200 operando de manera "ilegal" en relación al número de licencias que tiene concedido el ayuntamiento y, "desde entonces, no han hecho nada".

NINGÚN TIPO DE EXCUSA

Tras puntualizar que el Ministerio de Consumo "está poniendo esta información a su disposición para que no pueda alegar ningún tipo de excusa", Bustinduy hizo hincapié en que "lo único que tiene que hacer es coger esa información, ir a las direcciones, inspeccionar, cerrar los que no tengan licencia y sancionar a sus responsables".

"Nadie entendería que en la ciudad de Madrid hubiera 15.000 bares, 15.000 restaurantes, 15.000 taxis que estuvieran operando sin licencia", apostilló, convencido de que los pisos turísticos ilegales "están vaciando barrios enteros de la ciudad, en otras muchas ciudades en España también". "Están desplazando a familias trabajadoras, a estudiantes que ven cómo sus barrios se ven convertidos en parques temáticos y, esto, en condiciones de flagrante ilegalidad", sentenció.

En este contexto, el ministro de Consumo reivindicó que su departamento "está haciendo su parte" y celebró que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le haya "dado la razón por segunda vez" y haya "forzado" a la plataforma Airbnb a "retirar 5.800 anuncios ilegales, un primer paquete de un total de 65.000 que tendrán que retirar".

Junto a ello, valoró que, tras esta resolución, la plataforma Booking, "de manera voluntaria", ha decidido "cooperar" con los "requerimientos" de su cartera y eliminar más de 4.000 anuncios ilegales de pisos turísticos".

LAS ACTUACIONES ESTÁN FUNCIONANDO

"Es decir, que las actuaciones del Ministerio de Consumo están funcionando", afirmó, al tiempo que incidió en que "lo único" que le exige al Ayuntamiento de Madrid, "como a otras administraciones", es, con la información que le ha trasladado y "el trabajo ya hecho", que "cumplan con su obligación, apliquen la ley y defiendan el derecho constitucional a la vivienda" y no los "intereses" de un "puñado de fondos financieros y de agentes especulativos" que, a su juicio, "se están lucrando a costa de cercenar el derecho a la vivienda de las familias en España".