El gasto por habitante en servicios sociales es de 548,1 euros y el 42% de españoles vive en regiones con un sistema "débil"

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)

El gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones en 2023, último año con datos oficiales del presupuesto liquidado, fue de 548,1 euros y hasta 20 millones de personas, aproximadamente el 42% de la población española, viven en comunidades autónomas con servicios sociales "débiles o irrelevantes".

Así lo desvela el Índice DEC 2024, publicado este lunes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que describe la situación actual de los servicios sociales en España y su evolución desde el año 2012 y según el cual Castilla y León, País Vasco y Navarra continúan siendo las comunidades con "mejor calificación" de sus servicios sociales, mientras la Región de Murcia, Cantabria y la Comunidad de Madrid tienen la calificación de "irrelevantes" en este ámbito, según precisó la entidad en un comunicado.

Los resultados del Índice DEC en 2024 constatan, según su criterio, el "escaso desarrollo y evolución" de los servicios sociales domiciliarios o complementarios del domicilio, lo que, a su juicio, "requiere un importante compromiso económico para avanzar en los objetivos de desinstitucionalización".

El Índice DEC 2024 confirma que el sistema está "ampliamente consolidado", ya que todas las comunidades tienen ley que "reconoce derechos subjetivos", 14 tienen un catálogo de servicios que "desarrolla y concreta" estos derechos, 15 tienen integrada la atención a la dependencia en sus servicios sociales y 10 comunidades tienen una planificación estratégica vigente.

DOMICILIO

"Aunque la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios mejoran respecto al año anterior (9 de 14), resulta preocupante el escaso desarrollo de los servicios que deberían dar soporte a la estrategia de desinstitucionalización promovida por el Ministerio de Derechos Sociales", según el informe.

En concreto, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio apenas ha variado un punto desde el año 2010, del 4,7% al 5,7% de personas mayores de 65 años y su intensidad es también "muy baja" para la asociación, con una media de 21,1 horas mensuales, sólo 4,2 más que en 2010.

"Si atendemos sólo a la ayuda a domicilio como prestación de derecho en el catálogo de la dependencia, su intensidad media es de 35,65 horas/mes: 17,4 horas para los dependientes Grado I, 39,8 para los Grado II y 60,2 para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente insuficiente ya que, según considera la propia ley, son personas que necesitan apoyo permanente para todas las actividades básicas de la vida diaria", apostilló.

Junto a ello, también estimó "no menos preocupante" que la cobertura de centros de día muestra una "escasa o nula evolución" desde 2010, aunque en el último año registra un "repunte por primera vez", pasando de 0,7 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años a 1,10, pese a lo cual, según su punto de vista, "sigue siendo un servicio de cobertura muy limitada".

TELEASISTENCIA

Por su parte, la teleasistencia es el único servicio que muestra una "cierta evolución" en estos años, de tres puntos en su cobertura, hasta situarse en el 11,1% de las personas mayores de 65 años.

"Sin embargo, el Plan de Choque para la dependencia marcó como objetivo establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio y en el año 2024 siguen quedando 709.234 personas para alcanzar la cobertura del 100%", abundó la asociación.

En la misma línea, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que contempla el catálogo de la dependencia, es percibida por el 41,9% de las personas beneficiarias, con un importe medio mensual de 264,11 euros, una cuantía "insuficiente" para que los familiares asuman el cuidado en casa de personas que "necesitan apoyos continuados para todas las actividades básicas de su vida diaria".

GASTO

En cuanto al gasto en servicios sociales, en 2023, último año con datos oficiales del presupuesto liquidado, el gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones ascendió a 548,1.

Tras puntualizar que, desde 2014, se viene incrementando el gasto que realizan las administraciones públicas en servicios sociales, la asociación subrayó que en 2023 este incremento fue de 36,1 euros respecto al año anterior, con un aumento del 7,05%.

A su vez, el porcentaje del presupuesto que destinan a servicios sociales se mantiene igual (10,2%) y el porcentaje del PIB que supone este gasto "se reduce por tercer año consecutivo" y se sitúa en 1,76%.

La participación de las comunidades en la financiación del sistema ha aumentado 4,84 puntos en los dos últimos años, pero la tendencia desde 2012 es "decreciente", ya que ese año era un 85,3% y en 2023, de 11,07 puntos menos (74,2%).

"El incremento de los dos últimos años puede ser debido al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en dependencia, que repercute en el presupuesto de las comunidades", reconoció la asociación, al tiempo que avanzó que "habrá que constatar si en 2024 se mantiene el incremento de la financiación autonómica".

POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por comunidades autónomas, sin considerar aquellas con régimen foral, el informe detecta "grandes diferencias" en el gasto por habitante en servicios sociales y menciona el caso de Extremadura, con 713,7 euros, un 76,1% más que el registrado en Madrid, con 405,3 euros.

En este sentido, el porcentaje del PIB regional que las administraciones públicas de Extremadura destinan a servicios ociales (3,03%), triplica el que destinan las administraciones públicas de la Comunidad de Madrid (0,95%).

"Estas diferencias de gasto se manifiestan en una cobertura de prestaciones y servicios muy desigual en los diferentes territorios", según la entidad, que señaló que el número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (2.973) es seis veces superior a Navarra (494).

Asimismo, el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que perciben las Rentas Mínimas de Inserción en el País Vasco (58,1%) "no es comparable" al de Castilla-La Mancha (0,35%).

En paralelo, el porcentaje de plazas residenciales públicas para personas mayores sobre mayores de 75 años es más de tres veces superior en Castilla y León (11,8%) que en Murcia (3,8%).

Por otro lado, Andalucía, con 21,2 servicios de ayuda a domicilio por cada 100 personas mayores de 75 años, ofrece una cobertura casi 24 veces mayor que Extremadura (0,9%).

Por último, la cobertura del servicio de teleasistencia es del 34,5% sobre personas mayores de 75 años en Andalucía, más de 6,6 veces más que en Canarias (5,2%).