Los sindicatos esperan recibir una cifra aproximada de la oferta de empleo de 2025 en su reunión con Función Pública este lunes

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

CSIF, CCOO y UGT acudirán este lunes a una nueva mesa de negociación con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, en la que esperan conocer una cifra aproximada de las plazas que se convocarán en la oferta de empleo público (OEP) de 2025, después de que la primera reunión, celebrada el jueves 19 de junio, concluyera sin datos al respecto.

Los tres sindicatos reclaman a Función Pública que la convocatoria sirva para crear empleo neto y se centre en fortalecer los servicios de atención al público y más desprovistos de plantilla.

CSIF centra su reivindicación en paliar las "necesidades acuciantes de personal" en ámbitos como el SEPE, la Seguridad Social o las Oficinas de Extranjería.

Por su parte, UGT pide que se incrementen "las plazas de los subgrupos C1 y C2 para para asegurar una atención al público de calidad".

CCOO exige que la OEP 2025 "proporcione personal suficiente para prestar los servicios públicos", ya que "el enorme número de vacantes genera colas, falta de citas previas y retrasos en la tramitación de expedientes". Además, el sindicato considera "imprescindible" una OEP extraordinaria "para los organismos con mayor número de plazas sin cubrir o que han asumido más trabajo por la entrada en vigor de nueva normativa".

El sindicato aseguró en un comunicado que Función Pública compartió en su primera reunión la idea de la OEP extraordinaria, en la que no compute la tasa de reposición, y que sirva para permitir la jubilación parcial.

A la espera de conocer la cifra que presente Función Pública este lunes, UGT estima que será similar a la de 2024, mientras que CCOO ve necesario que "supere ampliamente" el número de vacantes convocadas.

El Gobierno aprobó 40.146 plazas en la OEP de 2024, de las que 27.360 eran de turno libre y 12.786 para promoción interna. Del total de las vacantes, 31.465 correspondieron a la Administración del Estado, con 20.840 de nuevo ingreso y 10.625 de promoción interna. Además, la OEP de 2024 fue la primera que reservó un 10% de las plazas a personas con discapacidad.

Para esta convocatoria, CSIF reclamó que se elimine la tasa de reposición, tanto para la Administración General del Estado como para el resto de las administraciones públicas, para acabar también con la elevada temporalidad de la Función Pública, que debería situarse por debajo del 8%.

En 2024, el entonces ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, anunció la eliminación de la tasa de reposición, pero de momento no ha ocurrido ni ha podido reflejarse en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2025, ya que no se han aprobado y siguen prorrogados los de 2023.

En esos PGE, se estableció una tasa de reposición del 120% en los sectores prioritarios y del 110% en el resto. Para las entidades locales que tuvieran amortizada su deuda financiera a 31 de diciembre del ejercicio anterior fue del 120% en todos los sectores, mientras que para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales, se situó en el 125%.

SUBIDA SALARIAL PENDIENTE

Los sindicatos también reclaman a Función Pública la subida salarial pendiente del 0,5%, correspondiente al incremento adicional de 2024. En el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, firmado por el Gobierno, CCOO y UGT en 2022, se estableció un incremento fijo para ese año del 3,5%, un 2,5% para 2023 y un 2% para 2024.

A esos incrementos fijos, se sumaban variables de medio punto en función del IPC y del PIB. Para 2024, el 0,5% se pagaría si el IPC armonizado de 2022, 2023 y 2024 superaba el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024, como ocurrió.

Medio año después de que expirara el Acuerdo Marco 2022-2024, los empleados públicos siguen sin cobrar ese aumento y, según fuentes de la negociación, Función Pública no ha recibido instrucciones para efectuar ese pago ni para iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que establezca las condiciones laborales y salariales de estos trabajadores.

CSIF estima que el Gobierno está reteniendo, como mínimo, más de 600 millones de euros a los empleados públicos del conjunto de las administraciones, el equivalente a unos 200 euros por persona, "por la no aplicación de ese 0,5% y la devaluación de los sueldos por el IPC".

CCOO también exige el "abono inmediato" de ese incremento y se concentrará este miércoles, 25 de junio, ante la sede del Ministerio de Hacienda, en Madrid, entre las 11.00 y las 12.00 horas. La protesta también reivindica la negociación de un nuevo acuerdo y la puesta en marcha de jornada de 35 horas, comprometida en 2022.