Los jóvenes piden unidades móviles de salud mental, campañas contra adicciones digitales y más vivienda púbica

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Los jóvenes proponen al Gobierno que se mejore el acceso a la salud mental, especialmente en el entorno rural mediante unidades móviles y refuerzo de profesionales; la creación de espacios seguros de socialización y apoyo emocional; y la realización de campañas frente a las adicciones digitales y consumo de sustancias. En el ámbito económico, piden un mayor parque público de vivienda juvenil, reducir la precariedad laboral, regular las prácticas no remuneradas y mejorar el transporte público, especialmente con tarifas asequibles en zonas poco pobladas.

Son algunas de las conclusiones que se desprenden en el proceso de participación de 300 jóvenes impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia a través de encuentros territoriales realizados por el Injuve entre octubre de 2024 y enero de 2025 en el marco de la futura Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional. Estas peticiones fueron presentadas este viernes en un informe que refleja las problemáticas que más preocupan a los jóvenes.

En materia de participación democrática, los jóvenes subrayaron la importancia de fortalecer el tejido asociativo juvenil, garantizar la representación joven en los espacios políticos, incluir formación en derechos y participación en el sistema educativo y combatir la desinformación. Por último, respecto a la crisis ecosocial, se propone una educación ambiental obligatoria, incentivos para el empleo joven en sectores primarios, fomento del consumo responsable y una mejor conectividad rural que facilite una movilidad sostenible.

El contenido de los debates se estructuró en torno a los cuatro grandes ejes que plantea el Anteproyecto de Ley: salud mental y bienestar, derechos económicos y cobertura social, derechos democráticos y participación política, y crisis ecosocial y derechos de las generaciones futuras.

A pesar de las distintas realidades regionales, el informe evidencia una serie de problemáticas compartidas por la juventud en toda España, entre las que destaca la actual crisis de la vivienda la cual cada vez hace más difícil su emancipación y la construcción de un proyecto de vida independiente y estable, lo que refuerza la necesidad de una respuesta legislativa ambiciosa y con perspectiva estructural. Las aportaciones recogidas ponen de relieve una demanda clara de políticas públicas que aseguren derechos sociales básicos, fortalezcan la participación política y respondan a los desafíos del presente.

NORMATIVAS

Desde el Consejo de la Juventud de España (CJE) señalaron que es fundamental que se tenga en cuenta a la juventud en todo el procedimiento de creación de normativas y de iniciativas públicas en las que estén directamente implicados sus derechos, reforzando el papel de los Consejos Autonómicos de la Juventud y de las asociaciones juveniles para profundizar en las diferentes realidades de las personas jóvenes, asegurando que su voz sea escuchada.

Asimismo, el CJE insiste en la necesidad de que esta ley suponga un verdadero avance en el reconocimiento de los derechos de la juventud. Por ello, proponen que el texto incluya el reconocimiento legal del propio Consejo de la Juventud de España, la implantación del 'Youth Test' de la Unión Europea para evaluar el impacto generacional de las políticas públicas, así como el impulso del derecho al voto a partir de los 16 años. Según el Consejo, estas medidas permitirían fortalecer la participación juvenil, garantizar su presencia en la toma de decisiones y avanzar hacia una mayor justicia intergeneracional.