MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
La secretaria General de Cáritas Española, Natalia Peiro, pidió este miércoles el apoyo de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, y propuso la supresión de "cualquier fecha tope" del texto final.
En un principio, el Gobierno manejaba el 31 de diciembre de 2024 como límite para que las personas en situación irregular pudiesen acogerse a esta medida especial, aunque recientemente se habría abierto a estudiar la posibilidad de ampliarlo hasta marzo de 2025.
En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, Peiro defendió que la certificación de seis meses de residencia en España (previos a la solicitud) baste como requisito para que un migrante pueda acogerse al proceso y regularizar su situación.
"Los tiempos de tramitación legal son tan amplios, que cualquier fecha tope supone una exclusión que perjudicaría a miles de personas", argumentó. Por eso, reclamó que la ILP solo aluda a la demostración, "mediante cualquier medio de prueba válido", de una permanencia en España de seis meses antes de presentar la solicitud.
Como miembro del grupo eclesial de apoyo a esta y LP, Cáritas destacó que las vías legales y regulares previstas en el reglamento de Extranjería "dejan fuera a cientos de miles de personas".
"Están aquellas de difícil empleabilidad", apuntó Peiro, como "personas mayores, mujeres con hijos pequeños a cargo, personas con discapacidad o sin estudios". A ellos se suman otros miles de personas que, aunque tienen posibilidades de trabajar, "no encuentran empresas que estén dispuestas a esperar meses y meses hasta que obtienen el permiso".
Todas ellas llevan años en España y merecen la oportunidad de ser tratadas como ciudadanas iguales y "contribuir a la sociedad", demandó.
Peiro pidió también que la acreditación de la permanencia en España se pueda "demostrar mediante cualquier documento válido". Esto es, que además de la cédula de inscripción del Ministerio del Interior, "se admitan el pasaporte, el carné de conducir y demás documentos oficiales expedidos de forma legal".
Reclamó asimismo que el real decreto que desarrollará esta ILP no obligue a los solicitantes de asilo a desistir del procedimiento para poder acogerse y que proteja a las familias. Es decir, que cuando una persona migrante obtenga el permiso de residencia, este sea extensivo a su cónyuge ( legal o de hecho), a los hijos menores en común y los familiares mayores a cargo, siempre que se acrediten los vínculos de parentesco y la residencia en España.
Según Peiro, estamos hablando de una medida que "es viable, justa y perfectamente posible, necesaria para llegar a ser la sociedad que queremos ser".
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