MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó este martes que son "infundados" los motivos esgrimidos por asociaciones de jueces y fiscales para convocar una huelga contra la ley que reforma sus carreras, ya que no hay "ni una sola línea que afecte ni al principio de independencia judicial ni al Estado de derecho".
En declaraciones a los periodistas en el Senado, Bolaños expresó "todo" su "respeto" tanto para la convocatoria realizada por las asociaciones de jueces y fiscales como para los profesionales que consideran que "ya llegamos tarde a las reformas que necesita la Justicia".
En este sentido, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración en Madrid el sábado 28 de junio contra la ley que modifica el sistema de ingreso en las carreras judicial y fiscal y, posteriormente, una huelga en la Justicia para los próximos 1, 2 y 3 de julio en el caso de que estas reformas no se retiren.
A este respecto, el ministro indicó que mantiene el mismo respeto mostrado hacia el paro de la semana anterior, que fue secundado por "algo menos del 30%" de los profesionales, así como para aquellos que no lo apoyaron por considerar que "las reformas son necesarias y positivas".
Insistió en que las afirmaciones sobre la afectación al principio de independencia judicial que hacen las asociaciones contrarias a la ley "están huérfanas de todo argumento", señalando que basta con leer el proyecto de ley para comprobar que no existe tal amenaza.
RESPETO INSTITUCIONAL
Recordó que en numerosas ocasiones ha pedido respeto para el Poder Judicial tanto en el Congreso como en el Senado, especialmente cuando ha habido intervenciones que consideraba "inaceptables u ofensivas" hacia jueces y magistrados.
Subrayó que con esa misma legitimidad con la que ha defendido al Poder Judicial, ahora solicita respeto para el Congreso y el Senado, así como para los representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía.
Defendió la necesidad de que las reformas judiciales puedan llevarse a cabo "sin presiones de ninguna clase", enfatizando el papel de las instituciones democráticas en la modernización de la Justicia.
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