Las grandes empresas deben calcular desde hoy su huella de carbono

MADRID, 12 (SERVIMEDIA)

Las grandes empresas y las instituciones de la Administración General del Estado están obligadas desde este jueves a calcular su huella de carbono y a elaborar y publicar planes de reducción de emisiones de gases que calientan el planeta.

Así figura en un real decreto que da continuidad al registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2, manejado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que lleva funcionando desde 2014.

Ese registro es voluntario y recoge los esfuerzos de las empresas, administraciones y otras organizaciones españolas en el cálculo, reducción y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera sus actividades.

A su vez, facilita la posibilidad de compensar toda o parte de su huella de carbono con proyectos forestales ubicados en España, que generan beneficios ambientales y sociales como la absorción de CO2 de la atmósfera.

Cuando el real decreto fue aprobado por el Consejo de Ministros a mediados del pasado marzo, se han registrado 14.250 huellas de carbono inscritas, 23.348 hectáreas han sido repobladas y se han reconocido compensaciones de huella de carbono correspondientes a 154.406 toneladas de CO2 equivalente.

Tras varios años de funcionamiento del registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, el Gobierno ha ampliado su alcance para dar cabida a nuevas tipologías de proyectos de absorción y a las huellas de carbono de evento, introducir aclaraciones adicionales que mejoren su funcionamiento, establecer nuevos requisitos de participación que completen los existentes, introducir mejoras en la tramitación y reforzar la coordinación con los registros equivalentes autonómicos.

DOS GRUPOS

El real decreto afecta a dos grupos de entidades, que estarán obligadas a registrar su huella de carbono y elaborar planes de reducción de emisiones.

Uno de ellos es el de empresas obligadas a aportar información no financiera y diversidad, las que formulen cuentas consolidadas y las sociedades de capital cuyo número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y tengan la consideración de entidades de interés público o cumplan la condición para ser considerada gran empresa.

El otro se refiere a la Administración General del Estado, concretamente departamentos ministeriales, sus organismos autónomos, las entidades gestoras, los servicios comunes de la Seguridad Social y otras entidades públicas.

La Administración General del Estado tiene la obligación de inscribir la huella en el registro del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el caso de las empresas, pueden voluntariamente inscribirse en el registro, pero lo que sí tienen que hacer es dar publicidad de esa información de la huella de carbono y también de cuál es su plan de reducción de emisiones.