MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
La Audiencia Nacional ha condenado a 7 años y 4 meses de prisión a seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes en la captación fraudulenta de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre 2009 y 2011.
Según informó la Audiencia este viernes, la Sección Segunda de la Sala Penal también ha impuesto 6 años y 3 meses de cárcel a José Ramón Romero, director de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, conocida como 'Banquito de Jerez'.
La resolución, de 672 páginas, condena además a Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos, a 6 años y 5 meses de prisión por su papel como administrador de numerosas sociedades del grupo. Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada han recibido penas de entre 3 y 5 meses por alzamiento de bienes.
Los magistrados establecen que los hermanos Ruiz-Mateos, junto a Pazos y Romero, deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a los más de 4.100 inversores perjudicados que aportaron al menos 243 millones de euros mediante la compra de pagarés entre 2009 y 2011.
ENTRAMADO OPACO
El tribunal detalla que Nueva Rumasa operaba como un complejo conglomerado de sociedades bajo gestión común pero sin matriz legal, utilizando empresas en paraísos fiscales como Belice y Panamá para mantener la opacidad del grupo.
A principios de 2009, el grupo acumulaba deudas millonarias y necesitaba urgentemente 52 millones para pagos inmediatos, con vencimientos por 197,5 millones ese año y otros 194,6 millones en 2010.
Ante la imposibilidad de obtener financiación bancaria, los acusados lanzaron agresivas campañas publicitarias ofreciendo altos intereses por invertir en sus empresas más conocidas, ocultando deliberadamente su situación de insolvencia.
Los fondos captados se destinaban a una caja común para redistribuirlos entre las sociedades del grupo, siendo su única fuente de ingresos netos entre 2009 y 2011. Parte del dinero se desvió para gastos personales de la familia.
MANIOBRAS DE OCULTACIÓN
En marzo de 2011, ante los inminentes concursos de acreedores, los hermanos Ruiz-Mateos contactaron con Ángel de Cabo para intentar poner a salvo su patrimonio mediante la transmisión de empresas y la interposición de testaferros.
La sentencia aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los casi 6 años transcurridos desde que el caso llegó a la Sala hasta la celebración del juicio, más otro año hasta dictar sentencia.
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