MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
Este domingo se cumplen dos años desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley 12/2023, del 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, conocida popularmente como 'ley de vivienda', que ha estado marcada por un desarrollo limitado de sus competencias y los continuos conflictos con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Tanto es así que varias comunidades gobernadas por el PP elevaron al Tribunal Constitucional un recurso por invasión de competencias. Los magistrados avalaron gran parte de esta ley pero anularon algunos puntos, como la disposición final quinta, que obligaba a los grandes tenedores a acreditar si el inquilino estaba en situación de vulnerabilidad económica antes de presentar una demanda por impago u ocupación ilegal, ya que vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva.
El principal motivo de choque entre el Ministerio que encabeza Isabel Rodríguez y las autonomías han sido las llamadas Zonas Tensionadas, un n requisito de la Ley para promover que las comunidades autónomas obliguen a bajar un 5% los nuevos contratos en los municipios donde los precios de alquiler o hipoteca, junto con otros gastos, superan el 30% de la renta media de los hogares, o donde el precio de la vivienda ha subido significativamente más que el IPC en los últimos años.
Por el momento, solo tres autonomías -Cataluña, Navarra y País Vasco- han declarado ya varios municipios como Zonas Tensionadas en su territorio y otra autonomía -Asturias- está en trámite de hacerlo.
Todas estas comunidades, presididas por el PSOE o por partidos que invistieron a Pedro Sánchez, tienen una posición muy diferente a la de las comunidades presididas por el Partido Popular, que se han negado en redondo a aplicar estas zonas a pesar de la petición de diferentes consistorios.
Desde el partido presidido por Alberto Núñez Feijoo se considera que estas zonas son "absolutamente innecesarias" y afirman que están "destrozando el mercado del alquiler en toda España". "El Gobierno central responde al desafío de la vivienda desde el intervencionismo, la imposición ideológica y el desprecio más absoluto a la seguridad jurídica y al marco constitucional", afirmó esta semana el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo.
Para impulsar esta reducción de precios desde Vivienda anunciaron esta semana una partida de 35 millones de euros para implantar estas Zonas Tensionadas -algo que ya ha sido criticado por las comunidades que nos las aplican, como Aragón- y el PSOE presentó este jueves una proposición de ley en el Congreso con algunas medidas en este ámbito similares a las que se aplican en las Zonas Tensionadas.
Respecto a los resultados de estas Zonas Tensionadas, también hay discrepancias según la fuente. Mientras la Generalitat de Cataluña -única comunidad en la que las que estas zonas llevan más de un año en vigor- anunció el pasado mes de marzo que las cifras obtenidas de las fianzas depositadas por los caseros en el Instituto Catalán del Suelo (Incasol) marcaban una bajada de precio en Barcelona, Idealista afirma que los precios han subido un 12,7% en el último año en la ciudad condal.
Además, el Observatorio del Alquiler -Fundación Alquiler Seguro y Universidad Rey Juan Carlos- calcula que en los dos años de aplicación de la Ley de Vivienda se han perdido 120.000 inmuebles en el mercado del alquiler, algo que desde el Gobierno niegan. "Hoy en España hay más gente viviendo de alquiler que nunca, en un mercado voraz que se come sus rentas y que debemos combatir", afirmó este miércoles la ministra de Vivienda en el Congreso.
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