La patronal de dependencia exige al Gobierno que "garantice" a todas las regiones la financiación del 50% concedida a Euskadi

MADRID, 23 (SERVIMEDIA)

La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) exigió este viernes al Gobierno central que "garantice" al conjunto de comunidades autónomas el mismo nivel de financiación del 50% concedido al País Vasco y reclamó la "rectificación inmediata" de una medida que juzga "discriminatoria".

Así lo demandó en un comunicado en el que manifestó su "más firme rechazo" ante el acuerdo firmado entre el Ejecutivo central y el Gobierno Vasco, que, puntualizó, "permite a esta comunidad recibir el 50% de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), mientras se niega sistemáticamente ese mismo derecho al resto de comunidades autónomas".

"Desde la FED denunciamos este trato discriminatorio e inadmisible, que rompe con los principios de igualdad y cohesión territorial y ahonda en la brecha de financiación que afecta gravemente a la sostenibilidad del sistema de cuidados en otras comunidades autónomas, donde los servicios se están prestando, literalmente, a pérdidas", apostilló.

En este contexto, la federación pidió también al Gobierno que "aclare públicamente los términos del acuerdo bilateral con el País Vasco" y que "refuerce" el nivel mínimo de protección, que, aseveró, "es competencia exclusiva del Estado y que actualmente es claramente insuficiente".

Junto a ello, le urgió a abrir un proceso de diálogo "estructural" con el sector para "resolver" los "graves problemas estructurales" que, a su entender, "arrastra", entre los que citó infrafinanciación, falta de personal, "rigidez" normativa y "ausencia de un modelo de concertación sostenible".

LEY INFRAFINANCIADA

La entidad recordó que la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, establece que la financiación del SAAD debe realizarse al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.

"Sin embargo, esta financiación nunca se ha cumplido", criticó, al tiempo que señaló que la ley "nació infrafinanciada y, desde entonces, ni gobiernos de distinto signo ni presupuestos sucesivos han corregido esta grave anomalía".

Tras calcular que, en la actualidad, las comunidades autónomas "apenas reciben un 27% de aportación estatal, muy lejos del porcentaje legalmente establecido", lamentó que este "déficit repercute directamente" en la calidad del servicio, en la viabilidad económica de los centros y servicios y, "en última instancia, en la dignidad y bienestar de las personas mayores dependientes".

"Estamos ante una vulneración flagrante del principio de igualdad entre territorios. No se puede premiar a una comunidad con la financiación que por derecho nos corresponde a todos mientras se condena a otras a sostener el sistema sin los recursos necesarios", afirmó al respecto el presidente de la FED, Ignacio Fernández-Cid.

CONTRADICCIÓN GRAVE

Para la federación, a ello se "suma" una "contradicción especialmente grave", ya que, a su entender, mientras Hacienda se "niega" a derogar la Ley de Desindexación de precios, lo que, según su criterio, "impide actualizar el valor de las plazas concertadas conforme al coste real de los servicios", el Gobierno "sí firma un acuerdo bilateral" con el País Vasco que "rompe ese mismo techo financiero y otorga el 50% de financiación, contradiciendo su propio discurso".

"Esta incoherencia pone en evidencia una política desigual que margina a la mayoría de comunidades autónomas y a los centros que las sostienen", sostuvo la federación, cuyo presidente advirtió de que, de ese modo, "estamos creando una España a distintas velocidades".

Fernández-Cid puntualizó que la dependencia "no puede depender del código postal" y exigió una financiación "justa, homogénea y suficiente para todas las comunidades autónomas, sin privilegios ni excepciones".

"No se puede seguir precarizando los cuidados. No se puede sostener el sistema a costa del esfuerzo de los profesionales y del sacrificio económico de los centros y servicios. Es el momento de asumir responsabilidades, de poner fin al agravio comparativo y de garantizar el futuro del sistema de atención a la dependencia", sentenció la federación.