MADRID, 22 (SERVIMEDIA)
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó este jueves que desde su departamento trabajan en nuevas medidas contra la violencia vicaria, entre ellas definirla en el Código Penal (CP) como una forma de violencia de género, reconocer a las víctimas expresamente en el ordenamiento jurídico, y atender a todas las formas en las que se manifiesta.
Además, propone otras medidas sobre violencia digital y económica, y formación de la judicatura. Así lo enunció Redondo durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en la que también explicó que se avanzará en un sistema que permita detectar casos en procedimientos civiles de familia, por ejemplo, con protocolos en los Puntos de Encuentro Familiar, garantizando la no aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental, e impulsando la formación de los profesionales de justicia.
Redondo señaló la necesidad de proteger a las madres supervivientes para impedir su revictimización, y haciendo mención al 'caso Bretón', propuso la modificación de los artículos 39 y 48 del Código Penal para impedir que los autores de delitos de violencia vicaria puedan comunicar o difundir a terceros -como, por ejemplo, medios de comunicación-, datos, información o las motivaciones del delito por el que se les haya condenado.
Por un lado, sobre la violencia digital, Redondo apuntó que se aprovechará el proyecto de ley sobre la protección a los menores en los entornos digitales, que ya se tramita en el Congreso, para mejorar la regulación. Esa norma ya incluye actuaciones contra los 'deep fakes' (imágenes, videos o audios editados o generados artificialmente), el control parental pre-activado en los dispositivos y habilitados en los dispositivos de espacios públicos, y el fomento de mecanismos para detectar y evitar sesgos de género en entornos digitales.
En cuanto a la violencia económica, la ministra anunció medidas de carácter estructural, preventivo y reparador, como, por ejemplo, la tipificación normativa en el marco legislativo, el refuerzo de la vigilancia judicial sobre el cumplimiento de las pensiones alimenticias y compensatorias, y el diseño de mecanismos "ágiles" para el "embargo inmediato" de bienes y rentas en casos de impago reiterado.
Además, Redondo explicó que se pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para desarrollar una formación de personal jurídico especializado con perspectiva de género, y en la articulación de medidas de autonomía económica, como el acceso a empleo, vivienda y recursos financieros para mujeres en situación de violencia. También se está trabajando para establecer un convenio con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner en marcha un plan de formación específico.
Del mismo modo, Redondo explicó que se está "avanzando" la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para la elaboración de un programa marco de formación y reciclaje para los profesionales vinculados con la atención a las víctimas de violencia de género. Esta cuestión se abordará en la Conferencia Sectorial de Igualdad prevista para este viernes. A esto se unirá un grupo interministerial para tratar las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género sobre formación de profesionales de servicios de competencia nacional.
Todas estas medidas deberán debatirse posteriormente para analizar cómo se presentará su tramitación. Además, se comprometió a garantizar la "seguridad jurídica" para ese momento de desarrollo legislativo de las medidas. En este sentido, tendió la mano a los grupos parlamentarios e insistió en que buscará el "máximo consenso" para tramitar estas medidas.
OTRAS OPINIONES
Por su parte, los grupos parlamentarios, excepto Vox, expresaron su conformidad con las medidas propuestas, pero también hicieron algunas puntualizaciones. La diputada del grupo parlamentario Popular Silvia Franco expresó su "incertidumbre" ante la falta de detalles sobre cómo se propondrán estas medidas, sí como proposiciones de ley u otras formas normativas. Pidió a Redondo que la modificación que estudia del Código Penal sea "sosegada".
También exigió que no haya "incongruencias" en las propuestas legislativas y que se respete la independencia del poder judicial a la hora de su formación en perspectiva de genero e igualdad. Igualmente, solicitó a Redondo una valoración de la situación de los puntos violeta y la ministra afirmó que se necesita "más y mejor concreción" sobre ellos.
En su caso, la diputada de Vox Rocío Aguirre Gil de Biedma criticó las políticas del Ministerio de Igualdad porque "no funcionan" y señaló que cifras de víctimas "siguen igual" que hace unos años y puso el foco en denuncias falsas porque están "invisibilizadas". Pidió la desaparición de la "estafa" de Pacto de Estado y del Ministerio de Igualdad en general.
En su lugar, la diputada de Podemos Noemí Santana criticó la inversión en defensa recientemente puesta en marcha porque considera que se recortan recursos de cuestiones "esenciales" como la sanidad o la igualdad. Reclamó más fuerza en el feminismo institucional y expresó su descontento con la cofinanciación recientemente anunciada para el Plan Corresponsables porque dijo que el programa "no es un lujo".
El diputado del PNV Joseba Agirretxea alertó de que las nuevas medias deberán tener el "bagaje legislativo necesario" para que no haya conflictos con enmiendas, entre otras cosas. Focalizó su intervenían en la importancia de la citada formación en la justicia y en la violencia digital, que es algo nuevo con muchas "consecuencias y a lo que hay que adecuarse".
Las diputadas de ERC, Etna Estrems, y de Sumar, Júlia Boada Danés, trasmitieron a Redondo la importancia de profundizar en la violencia vicaria y las medias expuestas contra ella. Estrems incidió en la relevancia de atender no solo a los hijos o madres víctimas de violencia vicaria, sino también al resto de familiares afectados. Boada Danés señaló que la violencia vicaría necesita "mejores protocolos" en ámbitos como el sanitario.
Por último, la diputada del PSOE Milena Herrera mostró su pleno apoyo a todas las propuestas expuestas por Redondo y afirmó que "no se pueden permiten estas violencias", reclamando avances tanto sociales como legales en cuestiones de igualdad de género. Redondo concluyó reiterando su disposición a llegar a acuerdos para poder llevar a término todas las nuevas medidas.
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