Marlaska defiende un "reconocimiento mutuo" de las decisiones de expulsión "ágil y obligatorio" entre los Estados de la UE

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió este miércoles la creación de una Orden de Retorno Europea común en todo el territorio de la UE, basada "en un mecanismo ágil de reconocimiento mutuo entre países" que sea obligatorio, para permitir que las decisiones de retorno nacionales se ejecuten en cualquier Estado miembro.

Así lo afirmó Grande-Marlaska ante el pleno del Congreso de los Diputados, donde defendió que dicho reconocimiento sea "extremadamente ágil y obligatorio".

Según explicó, dicha orden se aplicaría a los nacionales de terceros países que se encuentran en la Unión Europea de forma irregular y forma parte de la propuesta de reglamento de la Comisión Europea para establecer un sistema común de retorno en la Unión, cuyos detalles desgranó hoy el ministro.

Grande-Marlaska precisó que este reglamento es "una propuesta" de la Comisión "adoptada en marzo", que "ahora debe pasar por el Parlamento y el Consejo", es decir, "está abierta al debate".

En este sentido, avanzó que la apuesta de España pasa por "construir un verdadero sistema europeo común de retorno" y "fomentar la eficacia y eficiencia del procedimiento, salvaguardando las debidas garantías".

Defendió que, "con el fin de establecer garantías suficientes para lograr un retorno sostenible y seguro, hay que profundizar en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno entre los diferentes Estados miembros y sus implicaciones". A ello "ayudaría la ejecución obligatoria de la orden de retorno por el país donde se encuentre la persona", argumentó.

MEDIDAS

Señaló que esta orden "tendrá efectos a lo largo y ancho del territorio de la Unión", ya que su objetivo es "fomentar la eficacia de los procesos y desarrollar un sistema verdaderamente europeo ". Para ello, la medida "permitirá que los Estados compartan "información relativa a sus decisiones de retorno nacionales" y que dichos datos sean "accesibles a través del Sistema de Información Schengen", apuntó.

Esto evitará que se tengan que empezar nuevos procedimientos de expulsión en otros países, con lo que el sistema resultará "más eficaz" en su conjunto.

Agregó que también se establece "un mecanismo ágil de reconocimiento mutuo entre países, que permitirá ejecutar las decisiones de retorno nacionales en cualquier Estado miembro". "En este punto, creemos que dicho reconocimiento debe ser extremadamente ágil y obligatorio", propuso.

Por otro lado, el ministro sostuvo que el reglamento busca incentivar el retorno voluntario y limitar el el forzoso, que afectará a aquellos ciudadanos en situación irregular que "no cooperen, se fuguen a otro Estado, no abandonen la Unión Europea en el plazo establecido para su salida voluntaria o supongan un riesgo para la seguridad". En este último caso, se enfrentarán a "mayores plazos de internamiento y a la prohibición de entrada", además de la expulsión.

ACUERDOS CON TERCEROS

La propuesta sí incluye la posibilidad de "explorar soluciones de retorno a un tercer país con el que se haya establecido un acuerdo o convenio bilateral", aunque establece "ciertas cautelas y garantías". El respeto a los derechos humanos en estos terceros países y la no aplicación de dicha cláusula a menores no acompañados y familias con niños son algunas de ellas.

En opinión del ministro, también habría que definir de manera precisa el concepto de tercer país de retorno. "Es necesario también determinar de manera clara los condicionantes de los acuerdos con estos terceros países, así como su vinculación con los centros de tránsito de retorno", que, a su juicio, "todavía plantean muchas dudas desde el punto de vista jurídico, humano, operativo y económico".

Más allá de "soluciones innovadoras poco garantistas y cuya eficacia no ha sido probada", insistió en reforzar la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito". En el caso de España, esta "ha conseguido evitar en origen el 40 % de las salidas irregulares", afirmó.

Grande-Marlaska consideró necesario reformar el reglamento de Frontex para que actúe en el norte de África y África occidental, así como por mejorar la financiación en prevención para los países fronterizos.