MADRID, 21 (SERVIMEDIA)
El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos rechazó este miércoles realizar nuevas diligencias que habían sido solicitadas por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que no aportan nada a la investigación ni a la decisión de procesarle o no.
El juez Ángel Hurtado tiene todavía pendiente pronunciarse sobre la petición de la Abogacía del Estado de llamar a declarar al abogado de González Amador antes de decidir si procesa al fiscal general por revelación de secretos.
En su auto, el magistrado recuerda a las partes que no les ampara un derecho ilimitado a lograr la práctica de las diligencias que soliciten sino que sólo se realizarán aquellas que el instructor "considere útiles y necesarias" para decidir sobre la siguiente fase del procedimiento.
La asociación de fiscales APIF, que ejerce la acusación popular, quería que se comprobase si García Ortiz tenía en la agenda de su móvil el número de la exasesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera.
Ella fue la persona que envió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el correo en el que González Amador reconocía dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto, para que lo pudiera utilizar en el enfrentamiento político con Díaz Ayuso.
El juez considera que esa diligencia no es necesaria, como tampoco lo es la solicitada de identificar los números de teléfono de varios periodistas en la agenda del fiscal general, puesto que no contribuiría a determinar las posibles circunstancias de la filtración.
Descarta también pedir a la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz, los expedientes de dación de cuenta que se realizaron al fiscal general sobre la petición de información sobre González Amador y seguir el rastro de los metadatos de la nota que hizo pública la Fiscalía para rebatir las informaciones que afirmaban que la oferta de acuerdo partió del Ministerio Público. En cualquier caso esa nota no supone la existencia de revelación de secretos.
Hurtado rechaza también la petición de la defensa de González Amador de investigar el momento de creación de esa nota de prensa, si sufrió alguna modificación y quién fue responsable de la misma.
El instructor aún tiene que tomar declaración como testigo a González Amador, el próximo viernes, día 23, después de que la Sala Penal del Supremo admitirá un recurso de la Abogacía del Estado contra su negativa a citarle.
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