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La OCU insta a las administraciones a "armonizar" la oferta y "mejorar" el "control" del alquiler turístico | |||
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MADRID, 19 (SERVIMEDIA) La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) instó este lunes a las administraciones a "armonizar" la oferta y "mejorar" el "control" del alquiler turístico. Así lo precisó en un comunicado en el que celebró la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de desestimar el recurso de Airbnb contra la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por la que urge a bloquear los anuncios de viviendas turísticas ilegales. "Esta resolución ha permitido al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pedir la retirada de 65.935 anuncios de vivienda que contravienen la normativa sobre la publicidad de este tipo de alojamientos y por vulnerar la normativa de las diferentes autonomías donde se encuentran, como, por ejemplo, no incluir el número de licencia o registro", abundó. No obstante, consideró que "aún hay mucho camino que recorrer" y emplazó a las administraciones públicas a que se "coordinen" en primer lugar para "controlar y armonizar" la oferta de vivienda turística, de modo que sea "equilibrada". "En este sentido es de vital importancia promover la realización de estudios locales sobre el impacto de las viviendas turísticas para, llegado el caso, aplicar medidas necesarias y proporcionadas, como moratorias en la concesión de licencias", apostilló. MÁS MEDIOS Asimismo, reclamó coordinación para "dar más medios de control y sanción" a los municipios, pero también "más peso a los vecinos propietarios" con el fin de que puedan solicitar la suspensión de la licencia de una vivienda turística en caso de "molestias insistentes". Además, abogó por "potenciar" el papel de las autoridades de Consumo en la resolución de problemas de alojamiento turístico de los consumidores con las plataformas de alquiler, las sociedades gestoras y los arrendadores profesionales. En paralelo, pidió "impulsar" el alquiler tradicional allí donde sea "deficitario", con normas que "garanticen" al arrendador que "podrá recuperar su vivienda en caso de impago o incumplimiento grave del contrato" y "limitando" la suspensión de los desahucios a los casos de "especial necesidad", con dotación de medios a los servicios sociales para que puedan hacerse cargo de esas situaciones. Por último, exigió incorporar "en el menor plazo posible" al menos 600.000 viviendas públicas en régimen de alquiler social, medida que, a su juicio, "bien podría acelerarse atrayendo a este mercado vivienda privada infrautilizada y mediante ayudas para rehabilitar viviendas vacías". La OCU puntualizó que el alquiler vacacional "es solo una parte" del mercado de la vivienda y que "cualquier acción de control y regulación" debe ser "evaluada en su conjunto", considerando el alquiler tradicional y la necesidad de aumentar el número de viviendas públicas en alquiler, de rentas asequibles para personas en situación de "vulnerabilidad". |
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