Bustinduy celebra el "claro aval" del TSJM a su orden contra Airbnb y cree que es "una clara victoria" en defensa de la vivienda

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, celebró este lunes el "claro aval" del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la orden de su departamento a Airbnb para que bloquee más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos y consideró que se trata, además, de una "clara victoria" para quienes "luchan para proteger el derecho a la vivienda".

Así lo reivindicó Bustinduy en declaraciones a los medios de comunicación después de que su gabinete haya impuesto a la multinacional el bloqueo de más de 65.000 anuncios ilegales de pisos turísticos y de que el TSJM haya instado a la compañía a eliminar de su plataforma una primera tanda de 5.800 anuncios que incumplirían la legislación y que el ministro espera que "sean retirados de manera inminente".

En este contexto, el titular de Consumo subrayó que, "en los últimos meses", su cartera ha remitido hasta tres resoluciones a Airbnb "exigiendo la retirada de un total de 65.935 anuncios ilegales de pisos turísticos" en "casi todas las comunidades autónomas" y deslizó que, en el caso de las otras dos, "los argumentos son los mismos", con lo cual dijo esperar que la resolución judicial también "sea la misma".

"Hoy conocemos que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la actuación del Ministerio y exigido la retirada de un primer paquete de 5.800 de estos anuncios", valoró, convencido de que se trata de "un claro aval a la acción de este ministerio en defensa de los derechos de los consumidores".

Tras aseverar que es "también la demostración de que, cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones y demuestran que por supuesto que se puede conseguir que ningún interés económico prime sobre el derecho a la vivienda y que ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, se coloque por encima de la ley", Bustinduy puntualizó que, desde el inicio de esta legislatura, en el ámbito "limitado" de sus competencias, Consumo ha "trabajado sin cesar" para "afrontar" el "primer problema de las mayorías trabajadoras en España".

PARQUES TEMÁTICOS

"Y lo hacemos porque, detrás de cada una de estas 65.000 viviendas, de estos 65.000 anuncios, antes había viviendas donde residían familias, trabajadores, estudiantes que hoy se ven expulsados de sus barrios y que ven cómo sus ciudades se convierten en parques temáticos por el lucro desmedido de unos pocos fondos de inversión y grandes empresas", lamentó.

En este sentido, quiso "enviar un mensaje a todas las administraciones, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular", que, criticó, "no han hecho nada en esta materia en los últimos meses".

"Basta ya de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda. Deben actuar, no hay excusas para no actuar", apostilló al tiempo que les emplazó a "exigir" la retirada de los anuncios de pisos turísticos ilegales, poner en marcha los mecanismos de inspección, de sanción y de cierre de los pisos turísticos ilegales y, "sobre todo, aplicar la Ley de Vivienda para bajar los alquileres a las familias trabajadoras del país".

En la misma línea, recordó que, "desde el principio", su ministerio "ha actuado con un espíritu de lealtad institucional y de cooperación" con las administraciones y ha "ofrecido" sus "herramientas" a instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, donde identificó hasta 15.000 pisos turísticos ilegales que, resaltó, "son competencia del Ayuntamiento poder cerrar".

VOLUNTAD POLÍTICA

A su vez, avanzó que va a "seguir actuando de la misma manera" y que "cualquier administración que tenga voluntad política para actuar y poner orden en el descontrol de los pisos turísticos ilegales", contará con la "cooperación, herramientas y recursos del Ministerio de Consumo".

"Pero no hay más excusas; basta de proteger a quienes hacen negocio con el derecho a la vivienda en nuestro país", reiteró, para, a continuación, explicar que el auto de la justicia madrileña "afecta a muchas comunidades autónomas diferentes", esto es Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

Por lo que se refiere a los supuestos de "ilegalidad", el ministro matizó que "son diversos", como que no figure el número de registro que exige la normativa, que el número que figure sea falso y no se corresponda con la numeración que debe tener o que esos anuncios no indiquen la naturaleza jurídica del arrendador, algo que los consumidores tienen derecho a conocer "con total transparencia desde el principio".

En el caso de la ciudad de Madrid, los 15.000 pisos turísticos ilegales que detectó el Ministerio de Consumo lo son, según su titular, porque "incumplen la normativa municipal" y, por tanto, "es el Ayuntamiento de Madrid quien tiene que actuar para retirarlos y cerrarlos".

NO MIRAR HACIA OTRA PARTE

"El Ministerio de Consumo, en el ámbito de sus competencias, no va a cesar en su empeño de poner orden y asegurar que se cumpla la ley y se garanticen los derechos de los consumidores, pero todas las administraciones tienen que actuar", abundó, convencido de que "no hay excusas" y de que "basta ya de mirar hacia otra parte".

En este punto, incidió en la urgencia de "intervenir para asegurar que se cumpla la legalidad y que se respete el derecho a la vivienda para millones de personas y familias en nuestro país" y denunció que "durante años ha habido connivencia, cuando no dejación de funciones" por parte de las autonomías "hasta dejar que prolifere un boyante negocio extraordinariamente lucrativo que se da en condiciones de ilegalidad en gran parte de nuestro país".

"Y, por tanto, es hora de que las administraciones tomen cartas en el asunto e intervengan para acabar con una situación que es flagrante", sentenció, consciente de que "nadie imaginaría que en España pudieran operar 65.000 bares o 65.000 tiendas en condiciones de ilegalidad".

Bustinduy confirmó, además, que su departamento va a "actuar en la medida de sus competencias y sus capacidades para asegurar que la ley se cumpla" y que "no hay ningún factor que exima de cumplir con las normas que están en vigor a ninguno de los actores económicos implicados en esta situación".

Por último, tras advertir de que el Ministerio de Consumo "se va a asegurar de defender los derechos de los consumidores siempre que se produzca una violación de esos derechos", señaló que tiene abiertos tres expedientes sancionadores en materia de vivienda, que "siguen su curso".