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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores ha alcanzado las 50.000 firmas para reclamar una convención internacional de Naciones Unidas sobre ellos.
Así lo anunció este viernes en un comunicado en el que recordó que lleva “años” pidiendo al Gobierno dicha convención internacional y puntualizó que en Naciones Unidas grupos poblacionales como las mujeres o las personas con discapacidad cuentan con convenciones que, a su juicio, “han ayudado a impulsar los derechos de esas personas”.
A este respecto, valoró que, en los últimos años, se han dado “múltiples pasos hacia el camino de la convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores”, desde la aprobación en mayo de 2022 en el Senado de una moción para instar al Ejecutivo a auspiciar una convención, hasta el pasado año 2023 con su inclusión en el II Plan Nacional de Derechos Humanos de las personas mayores y una “mención” a la convención internacional.
“La inclusión en el II Plan Nacional de Derechos Humanos se encuentra supeditada a que la Unión Europea vote a favor de la convención, pero lo cierto es que países como Portugal o Eslovenia ya están trabajando para que esta convención sea una realidad”, abundó.
En este punto, hizo hincapié en que, del 20 al 24 de mayo, se celebrará en Nueva York la sesión del Grupo de Composición Abierta sobre Envejecimiento en Naciones Unidas, en la que, avanzó, “se valorará la posibilidad de comenzar a trabajar” en la convención internacional que demanda.
MEJORES OPCIONES PARA DEFENDER SUS DERECHOS
“Este año, tendrá lugar la decimocuarta sesión y es especialmente importante debido a que los embajadores de Brasil y Portugal presentarán, después de todo un año de negociaciones, una serie de conclusiones señalando qué opciones son mejores para defender los derechos de las personas mayores”, añadió, al tiempo que consideró “crucial” que el Ejecutivo central “adopte una postura a favor de la convención”.
Tras indicar que se trata de una convención que llevan “años reclamando” los diferentes colectivos que trabajan “con, por y para las personas mayores”, precisó que “no solo la sociedad civil organizada hace esta petición, sino también diferentes expertos”, convencida de que “podría ofrecer un marco sólido para garantizar sus derechos, teniendo en cuenta sus necesidades y preocupaciones específicas”.
“Es fundamental que el Gobierno no solo participe en esta reunión, como se establece en el II Plan Nacional de Derechos Humanos, sino que también se manifieste positivamente sobre esta convención”.
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