El fiscal general del Estado desmiente haber presionado al fiscal del Supremo encargado de la causa Tsunami

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, desmintió este lunes en un comunicado de prensa haber presionado al fiscal del Tribunal Supremo encargado de informar sobre la exposición razonada remitida por el instructor de la causa sobre el Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en la que imputa al expresidente de la Generlalitat Carles Puigdemont por delito de terrorismo.

El propio fiscal, Álvaro Redondo, encuadrado en el sector conservador de la carrera, se ha pronunciado a través de un escrito en el que detalla todo lo sucedido y asegura que tras informar al fiscal general del sentido de su informe no recibió “instrucción” alguna y ni siquiera entregó copia del borrador de su informe a su superior.

La Fiscalía General asegura en su nota de prensa sobre las informaciones que aseguran que García Ortiz dio indicaciones al fiscal del Tribunal Supremo sobre la causa del Tsunami Democrátic que siempre “ha respetado y respeta absolutamente la libertad de criterio del fiscal Álvaro Redondo en esta causa, y la de todos los fiscales en cualquier otra”.

Por lo tanto, “niega tajantemente las informaciones que afirman que ha influido en la decisión del citado fiscal en la causa de referencia”. “El fiscal general rechaza asimismo con total rotundidad cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad y honorabilidad de los dos fiscales que, tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo, han informado sobre esta causa”.

La publicación a la que se refiere García Ortiz relata que en un primer informe sobres la exposición razonada de García Castellón el fiscal contemplaba la posibilidad de imputar por terrorismo a Puigdemont y que, tras una reunión con el fiscal general, ese delito se excluyó de su informe.

Ahora la Fiscalía General del Estado, anuncia que “en defensa de la institución y de quienes la componen y del derecho fundamental a recibir una información veraz (artículo 20.1.d de la Constitución española), va a requerir formalmente a los medios que han difundido informaciones sobre las supuestas presiones al fiscal Álvaro Redondo para que rectifiquen inmediatamente la información difundida, sin perjuicio de ejercitar, en su caso, las acciones que resulten oportunas”.

Por su parte, en el comunicado del fiscal Redondo, éste relata que fue el 23 de enero cuando se le encargó por “estricto turno de reparto” el informe sobre la exposición razonada del juez García Castellón para determinar si el Supremo asume la causa.

Señala el fiscal que al día siguiente redactó un primer “borrador interno sin carácter de documento procesal”. Varios días después y tras “un profundo y exhaustivo” estudio de los “complejos hechos” sometidos a examen elaboró el borrador de su ponencia para la Junta de Fiscales en la que no consideraba que hubiera indicios del delito de terrorismo.

Ya el pasado día 30 de enero tuvo una reunión con el fiscal general en la que “se dio por enterado verbalmente, sin darme ninguna instrucción” y en la que no se le pidió copia escrita del informe. Y añade que esa misma mañana dijo de manera informal a los fiscales del Supremo que “mi impresión jurídica no coincidía con la del magistrado instructor” y que los hechos sometidos a estudio “no parecen revestir los elementos objetivos de un delito de terrorismo”.

El escrito de Redondo, de tres folios de extensión, señala que el informe irá a la Junta de Fiscales mañana martes. Se trata, según dice, del borrador que elaboró varios días antes del encuentro con el fiscal general, sin que haya habido cambio alguno en su redacción tras la entrevista.

Y concluye: “No recibí, no ya una instrucción, sino siquiera una mínima sugerencia por parte del fiscal general del Estado sobre la postura jurídica que debía asumir, como ponente antes la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo”.

Redondo acaba su comunicado explicando que tiene 68 años, 46 de los cuales ha estado “al servicio del Derecho. (…) Mi único criterio de actuación es y ha sido siempre la más estricta aplicación de la ley y la promoción de la justicia, desde la más absoluta imparcialidad, y sin aceptar presión alguna de nadie, actuando siempre en defensa de la ley, y cumpliendo además con rigor los principios éticos que deben orientar la actuación de los magistrados. Y este seguirá siendo mi único criterio de actuación”.