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MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
Vox ha solicitado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Santa Cruz de Tenerife que decrete la prisión provisional para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbero, por el conocido como ‘caso Mediador’, ante la “urgencia y la alarma social” generada tras conocerse el caso.
La Vicesecretaría Nacional Jurídica, que dirige Marta Castro, argumenta en su escrito que Fuentes Cubero “ha ido tejiendo una amplia red de relaciones, que le podrían permitir su fuga en este momento”. Así, para la formación, existen las circunstancias contenidas en el artículo 503 Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lcrim).
"En este caso, es notorio, tal y como se va comprobando según pasan los días, que la vinculación con otros políticos del partido político PSOE, y la larga trayectoria política del investigado, que al menos desde 1.994 accedió a diversos cargos políticos, ha ido tejiendo una amplia red de relaciones, que le podrían permitir su fuga en este momento", argumenta el partido.
En su escrito, Vox recuerda que “la existencia de la presunta trama delictiva de la que Fuentes Curbelo sería la cúpula, revela su importancia en esta organización, de la que algunos de sus integrantes y también investigados están en prisión preventiva” por los motivos contemplados en la legislación, y, por tanto, “concurren los mismos también en el caso del exdiputado del PSOE, mayor aún si cabe pues se le podría denominar como el cabecilla de la trama”.
Además, la intervención de Curbelo sería “determinante” en los hechos investigados, pues “no se podrían haber cometido con el alcance que se atisba sin su colaboración en los mismos”. Vox expresa su preocupación ante la posibilidad de que “estando en prisión otros de los investigados, sea este investigado el que mejor disposición tenga para la destrucción u ocultación de material probatorio necesario para la investigación”.
La formación que dirige Santiago Abascal se ha personado como acusación popular en la causa judicial de extorsión a empresarios con la supuesta implicación de diputados socialistas. El portavoz parlamentario de la formación, Iván Espinosa de los Monteros, cree que se trata de un caso de “blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias” que podría ser “un clavo más en el ataúd” del Gobierno.
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