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La recusación de cuatro magistrados del TC amenaza la revisión del recurso del PP contra la Ley del Aborto

domingo, 5 de febrero de 2023, 13:44 h (CET)

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)


El Tribunal Constitucional (TC) comenzará a deliberar esta semana sobre el recurso presentado en junio de 2010 por el PP, que en ese momento presidía Mariano Rajoy, contra la Ley de plazos del Aborto. Las recusaciones presentadas por varios exparlamentarios populares conta cuatro magistrados, entre los que se encuentra el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido, puede poner en peligro el quorum necesario para tratar el tema.


Conde-Pumpido anunció tras su designación como presidente su intención de agilizar la revisión de los asuntos pendientes y adelantó que este recurso, pendiente desde hace ya más de 12 años, se analizaría en el Pleno convocado para los días 7, 8 y 9 de febrero.


La norma recurrida por los populares sustituía a la aprobada en 1985 superando el planteamiento de supuestos para implantar el modelo de plazos que permite interrumpir el embarazo en las 14 primeras semanas de gestación.


En todos estos años, el Constitucional no ha logrado ni siquiera llevar un borrador de sentencia al Pleno. Han desfilado por la institución cinco presidentes distintos y la norma ha tenido tres ponentes diferentes. El actual es el conservador Enrique Arnaldo, que tendrá que presentar su propuesta. El hecho de que se inicie la deliberación no asegura que haya una decisión inmediata.


Las recusaciones planteadas por cinco de los 71 diputados populares que firmaron en su día el recurso van dirigidas contra el presidente del TC y los magistrados Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Concepción Espejel. Esta última ya ha expresado su intención de apartarse de la deliberación. La decisión última corresponderá al Pleno.


Fuentes del Tribunal de garantías aventuran que las recusaciones se van a tramitar antes del inicio de la deliberación sobre el aborto, porque de no hacerlo, el presidente del TC se enfrenta a una querella por prevaricación ante el Tribunal Supremo. La idea es evitar quedarse sin el quorum suficiente para poder debatir el recurso. En estos momentos, el Constitucional cuenta con 11 miembros, por lo que, de apartarse cuatro de ellos, no se alcanzaría el número mínimo de ocho que permite abordar un asunto.


El Pleno del TC debería contar con 12 miembros, pero la elección del sustituto del magistrado conservador Alfredo Montoya, está pendiente de realizarse en el Senado. Las mismas fuentes apuntan que el presidente del Constitucional podría intentar evitar la su abstención aplicando la doctrina del propio tribunal de garantías que descarta las recusaciones cuando afectan al quórum del Pleno.


La recusación de Conde-Pumpido se fundamenta en el hecho de que era fiscal general del Estado y participó en las deliberaciones del Consejo Fiscal que informó sobre el anteproyecto de la ley orgánica objeto de recurso, por lo que “se formó criterio sobre el mismo hasta el punto de firmar un informe alternativo al emitido por el Consejo Fiscal por desacuerdo con éste último”.


La recusación de Campo tiene que ver con su cargo como secretario de Estado de Justicia entre los años 2009 a 2011 por lo que era miembro de la estructura de Gobierno que impulso el anteproyecto que dio lugar a la ley del aborto ahora recurrida.


A Montalbán y Espejel se les recusa porque eran vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se tramitó la ley y, por lo tanto, “participaron en la elaboración y votación del informe de ese órgano sobre el citado anteproyecto”.


12 AÑOS DE ESPERA


La distancia entre los miembros del TC es tan abismal respecto a este asunto que su análisis no ha llegado nunca a Pleno. La primera de las ponentes de este recurso fue la magistrada Elisa Pérez Vera, favorable a declarar su constitucionalidad. Después se hizo cargo del asunto el conservador Andrés Ollero, que nunca pudo someter a Pleno su propuesta, ante la seguridad de que su propuesta contraria a regular el aborto mediante plazos no saldría adelante.


Tras él, Arnaldo, el magistrado de mayor edad de los nuevos en el TC, se hizo cargo del asunto y trabaja desde 2021 en su ponencia, de la que no han trascendido detalles porque no ha sido repartida al resto de los magistrados. Sin embargo, informaciones aparecidas en prensa apuntaban que la propuesta de Arnaldo avalaría la constitucionalidad de la ley de plazos, pero objetaría la posibilidad de que las menores de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin permiso de sus progenitores.


Tanto retraso acumula la revisión de esta ley que está a punto de ser sustituida por la que prepara el Ministerio de Igualdad, que se encuentra en trámite parlamentario y que podría entrar en vigor antes del mes de marzo. En ella también se ampara el derecho de las menores de 16 y 17 años a abortar sin consentimiento paterno, por lo que la decisión del TC en ese punto tendría repercusión sobre el proyecto. Esa posibilidad fue suprimida de la ley bajo el Gobierno de Rajoy durante los años que estuvo al frente de La Moncloa.


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