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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una reclamación en vía administrativa contra el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, por “inactividad”, para que publique “de una vez” el Real Decreto que desarrolla el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE).
Tras esta reclamación formal, tal y como establece la Ley 50/1997 del Gobierno, el Ejecutivo tiene tres meses para publicar el Decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). de lo contrario CSIF elevará la cuestión a los tribunales por la vía de lo contencioso administrativo, según avisó el sindicato este martes.
Función Pública ha celebrado una reunión de la Mesa General para explicar a las comunidades autónomas el contenido del acuerdo recientemente alcanzado con los sindicatos de clase en materia salarial y de condiciones laborales, como el citado teletrabajo. “Desde CSIF, exigimos al Gobierno que deje la propaganda y recordamos los motivos por los que nos negamos a suscribir el citado acuerdo”, añadió.
A su juicio, en materia salarial, “estas condiciones se han visto mermadas tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los dos sindicatos de clase”. En su opinión, es una subida a tres años del 6% fijo y 1,5% variable que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo porque “no cubre siquiera la inflación prevista para este año por el Banco de España”. En este sentido, CSIF ha presentado enmiendas a los grupos parlamentarios para que los Presupuestos Generales del Estado vinculen las retribuciones a la tasa de variación interanual del IPC.
“Otras cuestiones incluidas en el acuerdo como la jornada de 35 horas (CSIF ha exigido que se regule como normativa básica para su aplicación inmediata), el teletrabajo o las medidas en materia de Igualdad, se trata de compromisos pendientes que el Gobierno ya firmó, que todavía no ha desarrollado y que tampoco tienen su concreción en los Presupuestos del Estado”, abundó esta organización sindical.
Por último, en materia de personal, CSIF exigió suprimir la tasa de reposición en las ofertas de empleo público para reforzar las plantillas en aquellos ámbitos donde sea necesario. A este respecto, denunció que las administraciones públicas han empezado a destruir empleo por primera vez desde el inicio de la pandemia.
Según los últimos datos de la Seguridad Social, en el último mes se han destruido 51.515 puestos de trabajo: en septiembre se registraba un total de 2.801.600 empleados públicos frente a los 2.853.115 de agosto.
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