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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
La dotación de la política de Vivienda para el año 2023 recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sin tener en cuenta el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, asciende a 992 millones de euros, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior.
Así consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados.
A esa cifra se suman 2.480 millones de euros procedentes de los fondos europeos, lo que totaliza unos recursos de 3.472 millones de euros para esta política, un 5,4% más que el año pasado.
Entre otras iniciativas, destacan los 359 millones de euros destinados a las subvenciones a Planes de Vivienda, lo que supone un incremento de 14 millones de euros respecto a las anteriores cuentas.
También se aportarán a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) 145 millones de euros adicionales, alcanzando los 260 millones en 2023 para actuaciones del Plan para alquiler asequible, impulsando la promoción de viviendas en suelos de titularidad pública.
La ministra Montero destacó en la rueda de prensa donde expuso el proyecto de presupuestos la inversión de 1.600 millones a la construcción de viviendas en régimen de alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Parte de esta partida está dirigida a los jóvenes, para los que la vivienda “sigue siendo la principal dificultad para poder emanciparse”.
Concretamente, se destinarán 500 millones de euros para construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes y 1.100 millones de euros para cubrir el coste de una nueva inversión que se incorporará en la Adenda del Plan de Recuperación y que estará centrada en la “financiación de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de promoción de vivienda en alquiler social o a precio asequible”.
Además, provenientes de los fondos europeos, se prevé financiación por un importe total de 880 millones de euros para rehabilitación y recuperación económica y social en entornos residenciales.
El objetivo principal de esta nueva inversión será prestar apoyo a través de instrumentos de financiación a determinadas actividades encaminadas a mejorar y rehabilitar el parque edificatorio así como al impulso de la puesta en el mercado de nuevas viviendas en alquiler social o a precio asequible.
Asimismo, se repetirá el gasto de 200 millones en el Bono Alquiler Joven, destinado a personas de entre 18 y 35 años, que deben recibir una cuantía mensual de 250 euros durante dos años siempre que acrediten rentas de trabajo y que tengan unos ingresos anuales inferiores a tres veces el Iprem.
Montero subrayó la medida con el “ruego” a las comunidades autónomas de que lo pongan en marcha “a la mayor brevedad” ya que existe “asimetría en la transferencia de este dinero al conjunto de la población”.
Además, para la promoción de viviendas en alquiler asequible o social se incluye 32 millones de euros destinados a subvenciones a ayuntamientos y otros entes locales.
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