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MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
La Comisión Europea ha rebajado el importe de la multa que España paga por el deficiente tratamiento y depuración de aguas residuales urbanas al haber constatado una mejora sustancial y el cumplimiento de las obligaciones comunitarias en cuatro de las ocho aglomeraciones urbanas incluidas en la sentencia condenatoria emitida en julio de 2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
En su última comunicación, la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha certificado que la entrada en funcionamiento de las plantas de depuración de Gijón-Este e Isla Cristina permite reducir la cuantía de la sanción semestral, que pasa a ser de 3,1 millones de euros frente a los 10,3 millones de la multa inicial.
Ambas instalaciones comenzaron a funcionar a finales de 2021 y en la actualidad operan a plena capacidad dando servicio a 161.800 y 33.000 habitantes equivalentes, respectivamente.
Esta circunstancia obliga a recalcular a la baja el importe de la multa coercitiva impuesta a España por cada semestre de retraso en el cumplimiento de los requisitos de la de la Directiva 91/271 de saneamiento y depuración de aguas residuales, según informó este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las multas coercitivas se impusieron en 2018 por ocho aglomeraciones urbanas. De ellas, cuatro son responsabilidad de la Administración General del Estado: Barbate (Cádiz), Matalascañas (Huelva), Nerja (Málaga) y Gijón Este (Asturias). Estas dos últimas ya cumplen con las medidas solicitadas.
La responsabilidad de las otras cuatro pertenece a sus respectivas comunidades autónomas: Alhaurín el Grande y Coín (Málaga), Valle de Güímar (Tenerife) e Isla Cristina (Huelva). También estas dos últimas cumplen con lo requerido por la Comisión Europea.
CASI 72 MILLONES ABONADOS
Hasta la fecha, España ha abonado 12 millones de la suma a tanto alzado y seis pagos semestrales de la multa coercitiva por un importe total de 59.725.687,35 euros. En total, el importe abonado asciende a 71.725.687,35 euros.
La Comisión Europea ha requerido el séptimo pago semestral, en el que la cifra se reduce a 3.130.872,85 euros.
La sanción permanecerá -con las actualizaciones y rebajas pertinentes- hasta que la última aglomeración urbana de las cuatro pendientes se ajuste a los estándares y requisitos de calidad en la depuración de aguas residuales establecidos por la normativa comunitaria.
Como España, otros Estados miembro de la Unión Europea han estado y están incursos en procedimientos de infracción bajo la misma directiva como es el caso de Francia, Grecia, Italia, Bélgica, Reino Unido o Portugal, entre otros.
Las administraciones locales son las competentes en la materia, y, subsidiariamente, las comunidades autónomas, salvo que exista una declaración formal de Interés General de Estado o se haya suscrito un convenio específico con las comunidades autónomas para la ejecución de las actuaciones por parte del Estado.
Desde el comienzo de esta legislatura, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en medidas de choque que se concretan en el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan Dsear).
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