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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, pidió este miércoles a los críticos con la Ley de Memoria Democrática que se la lean antes de verter ciertas acusaciones o que, si lo han hecho, dejen de “manipular burdamente” sobre el contenido.
Así lo dijo Bolaños antes de la inauguración de la Escuela de Verano de la UCM junto con la Fundación Pablo Iglesias en El Escorial, en unas declaraciones a los periodistas sobre las críticas a la ley vertidas, entre otros, por los expresidentes Felipe González y José María Aznar.
Bolaños pidió “se lean la ley” porque “solo desde la ignorancia o desde la voluntad de intentar manipular burdamente lo que dice la ley se pueden afirmar las cosas que se están diciendo”.
Así las cosas, repasó que la norma que se aprobará, previsiblemente, el jueves de la semana próxima, condena la dictadura, homenajea a las víctimas “de los dos bandos” de la Guerra Civil, a las víctimas del Franquismo y “pone en valor la transición y la Ley de Amnistía como elementos fundamentales de nuestra democracia y reivindica la Constitución como el pilar fundamental”.
Bolaños remarcó que esta ley es “imprescindible para dignificar” la democracia en España y la enmarca en leyes de memoria como las que tienen otros países, por eso, sostuvo que “solo si no se ha leído la ley o se manipula de manera grosera se pueden decir” las cosas que se están afirmando.
En concreto, Aznar dijo que era “un disparate hecho por terroristas y pactado con terroristas" y González, que admitió que aun tenía que leerla, que lo escuchado "no le suena bien"
La polémica se inicia, además de por el voto favorable de EH Bildu a esta ley, a la incorporación en la misma de la “disposición adicional decimosexta” que dice que “el Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas”.
Desde el Ejecutivo insisten en que la Ley de Memoria Democrática, cuyo dictamen aprobó este lunes la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, tiene un periodo de aplicación que llega hasta 1978, por lo que no habrá investigaciones judiciales relativas a sucesos posteriores a ese año.
Remarcan que no hay ninguna aplicación ulterior salvo ese grupo de estudio que analizará los casos que se presenten de algunos luchadores por la libertad, trabajadores por la democracia y, si lo considera, propondrá que algunos sean compensados o reconocidos de alguna manera. Pero, remarcan en el Gobierno, en ningún caso se abre la puerta a posibles procedimientos judiciales porque la función de la Fiscalía concluye en 1978 en el marco temporal que fija la ley.
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