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MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que “convendría” establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios de la electricidad y tenga una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes.
En un estudio publicado este lunes sobre los efectos económicos de la invasión de Ucrania y las primeras medidas para mitigarlos, Fedea se refiere al acuerdo del Gobierno español y portugués con la Comisión Europea para modificar de forma transitoria el funcionamiento del mercado ibérico de electricidad y establecer un precio tope al gas.
El mecanismo propuesto permitiría desacoplar los precios de la electricidad de los del resto de Europa, reduciéndolos “significativamente” para muchos consumidores domésticos y empresas mediante una subvención a los ciclos combinados de gas, cuyos costes de producción suelen determinar el precio de la electricidad.
Según destaca Fedea, esta medida no implica necesariamente un coste presupuestario, pues la necesaria subvención se podría repercutir sobre los consumidores de electricidad, pero sí supone un incentivo al mayor consumo de gas y una reducción de los incentivos y los recursos de los productores no gasísticos para invertir en una ampliación de su oferta, que “sería particularmente bienvenida en estos momentos en los que a la habitual preocupación sobre las emisiones hay que sumar los costes estratégicos de la dependencia de Rusia”.
En este sentido, Fedea cree que “habría que considerar también los posibles efectos sobre las decisiones de futuros inversores, que tenderán a exigir rendimientos más altos para compensar una mayor percepción de riesgo en aquellos países más proclives a tomar medidas de extracción de rentas, así como sobre los incentivos de hogares y empresas para buscar formas de reducir su consumo energético”.
Aunque el saldo neto de costes y beneficios sociales es difícil de calcular, en la situación actual “seguramente tendría sentido utilizar un mecanismo de este tipo”, según la fundación, que cree que, puesto que el mecanismo es graduable, debería utilizarse tanto para mitigar la situación actual como para facilitar el ajuste al mismo si resultara ser permanente. “Con este fin, convendría establecer una subvención al gas que compense sólo parcialmente la subida de los precios eléctricos y tenga además una senda prefijada decreciente en el tiempo, dando un margen a los usuarios más intensivos de electricidad para buscar alternativas más eficientes, pero empujándoles desde el principio a moverse en la dirección correcta”.
Por otra parte, Fedea hace una valoración global del plan de medidas del Gobierno para mitigar el impacto de la guerra de Ucrania en la economía española y destaca que muchas son “acertadamente” ayudas específicas transitorias, al tiempo que ve “más discutible” la bonificación universal de 20 céntimos por litro del coste del combustible o la suspensión o reducción de impuestos que recaen sobre la electricidad.
En esta línea, la fundación afirma que “la generalización de las ayudas aumenta mucho su coste presupuestario, desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados por el 'shock' y estimula la demanda de energía, contribuyendo a empujar sus precios al alza y a engordar los ingresos de Rusia por su exportación”.
Como alternativa propone destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales a compensar a los grupos más perjudicados por la subida de los precios energéticos. Otra posibilidad que plantea es introducir aranceles sobre las importaciones de combustibles fósiles rusos.
Por otra parte, Fedea valora negativamente la limitación a actualizar los precios del alquiler con el IPC al considerar que “podrían, quizás, tener algún sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente, pues contribuirán a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector”.
También rechaza la ‘prohibición’ del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, al igual que la disposición homóloga en la legislación ligada al covid de emergencia.
Por último, aboga por un pacto de rentas en el que se repartan los costes de la crisis ucraniana “de la forma más equitativa posible entre toda la sociedad, incluyendo a los pensionistas y los empleados públicos”.
Aunque anticipa que los detalles del diseño e implementación serían “complicados” y “prácticamente seguro que no se acertará con la fórmula ideal”, considera que la ausencia de este pacto “tendría consecuencias mucho peores, pues haría más probable una cronificación de la inflación”.
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