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MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 127,3 millones de euros a Alstom, Bombardier, Cafs, Cobra, Nokia, Siemens y Thales, y a 10 de sus directivos (483.000 euros) por su participación en un cártel en el sector de la señalización ferroviaria.
Según la CNMC, estas empresas crearon un cártel que se repartió de forma fraudulenta al menos 82 licitaciones del Ministerio de Fomento, del Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) y, posteriormente, de Adif, entre 2002 y 2017 para la construcción, ejecución de obras, suministro, instalación, puesta en servicio y mantenimiento de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de la red ferroviaria del AVE y de la convencional.
Durante sus 15 años de duración, las empresas se adjudicaron licitaciones por un importe total de 4.142 millones de euros. Asimismo, al tratarse de licitaciones convocadas por Adif (y previamente por el Ministerio de Fomento y el GIF), ha supuesto una merma económica para la Administración Pública, con el consiguiente perjuicio para los consumidores y para contribuyentes.
Este tipo de instalaciones son esenciales para controlar y gestionar el tráfico ferroviario, las comunicaciones y la protección en la red de AVE (alta velocidad) y de las líneas convencionales (media distancia y cercanías) de la red ferroviaria española.
La CNMC considera que las prácticas de este cártel han sido especialmente dañinas ya que, en algunos casos, los efectos del fraude se prolongan hasta 2040 por el periodo de vigencia de algunas de las licitaciones repartidas y adjudicadas a estas compañías.
En el año 2019, la CNMC ya sancionó con 118 millones de euros a 15 empresas por formar varios cárteles ferroviarios que se repartieron los concursos públicos para la electrificación de la red del AVE y la red convencional española y sus equipos electromecánicos.
La información recabada durante la instrucción de ese expediente, especialmente durante las inspecciones domiciliarias a algunas empresas, alertó a la CNMC sobre la posible existencia de prácticas anticompetitivas que afectarían a licitaciones convocadas para las instalaciones de seguridad, señalización y comunicaciones.
En consecuencia, la CNMC activó nuevas investigaciones e inspeccionó la sede de Thales en mayo de 2017. Posteriormente, tras la solicitud de clemencia presentada por Siemens en junio de 2017 ordenó inspecciones domiciliarias en las sedes de Bombardier y Cafs.
EN MARCHA DESDE 2002
El cártel surgió en 2002 por iniciativa de las dos principales empresas del sector en ese mercado, Alcaltel (a partir de 2007 Thales) y Dimetronic (a partir de 2013 Siemens Rail), con el objetivo de no competir y repartirse las licitaciones mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas, UTE.
Ambas empresas se repartieron los importes adjudicados, (en los acuerdos iniciales se fijó en un 50-50%, que después se ajustó al 55-45%), y también la tecnología de señalización empleada en los proyectos. De esta forma, pudieron introducir sus sistemas tecnológicos en los concursos ganados al 50%, y se garantizaron también los contratos de mantenimiento (y sus correspondientes renovaciones). Luego se sumaron el resto de empresas.
La entrada de nuevas empresas en el mercado y el hecho de que Adif introdujera cambios en 2011 en la evaluación del componente económico de las licitaciones favoreció la presentación de ofertas con precios más competitivos. Sin embargo, en lugar de mantener la tensión competitiva iniciada en 2011, en la práctica, otras empresas previamente competidoras acordaron establecer cuotas de reparto sobre las licitaciones y se incorporaron al cártel.
Para cumplir los acuerdos adoptados, las empresas del cártel decidían qué UTE participada por las empresas del cártel optaba a ganar cada licitación, presentando otras UTE o, en su caso, empresas del cártel de forma individualizada, ofertas de acompañamiento.
Contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.
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