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MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad que engloba a las principales empresas sanitarias y asociaciones privadas de España, se pronunció este lunes tras la decisión del Tribunal Supremo que avala la reversión del Hospital de Alzira en Valencia a la sanidad pública y ante lo cual aseguró que "la reversión de concesiones debe hacerse en base a criterios de solvencia".
Tras conocerse que el Tribunal Supremo anuló el fallo del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que, en 2019, desestimó el recurso interpuesto por Ribera Salud contra la decisión de la Generalitat de recuperar la gestión pública directa del Hospital de Alzira, la Fundación IDIS manifestó "su reconocimiento a cualquier medida que exija a las administraciones públicas justificar las repercusiones sociales, económicas y efectos financieros de sus decisiones. En el caso concreto de la revocación de cualquier contrato de colaboración privada-pública, que se haga sobre criterios de solvencia y de calidad asistencial".
En este sentido, añadió que "todo acto que cuestione la colaboración privada-pública tiene que estar apoyado por criterios económicos y de estabilidad presupuestaria".
En su opinión, "en el ámbito de la salud hay que apostar siempre por medidas que estén basadas en datos objetivos, contrastados y rigurosos y que tengan en cuenta a pacientes y profesionales, poniendo el acento en la eficiencia, la calidad y seguridad, el acceso, la resolución asistencial y la experiencia vivida en su contacto con el sistema".
Asimismo, "la reversión sanitaria del modelo Alzira, en concreto del hospital de La Ribera, se decidió simplemente por cuestiones ideológicas y ha supuesto un menoscabo más que evidente para la población a la que da servicio incrementándose las listas de espera hasta casi triplicarse (de 57 a 156 días, tal como puede observarse en la publicación oficial de listas de espera de la Conselleria).
Dos años después, "son destacables el crecimiento del absentismo laboral de la plantilla junto a otras ineficiencias. Todo ello genera un coste añadido anual de 76 millones de euros, de acuerdo con un estudio realizado a partir de los datos de la Dirección General de Régimen Económico de la Conselleria de Sanidad".
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