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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
El Consejo de la Juventud considera que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) es un instrumento inconstitucional por “discriminar arbitrariamente” a los jóvenes y exige a los poderes públicos que tenga en cuenta sus reclamaciones para que este segmento de la población acceda “en igualdad de condiciones” a esta prestación.
Esta es una de las conclusiones del informe ‘Ingreso Mínimo Vital: ¿Es justo con la juventud?’, elaborado por el Consejo de la Juventud y con la autoría del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno Linera y su equipo, que se presentó este jueves en el Senado.
El texto denuncia que el IMV, desde su entrada en vigor hace un año, “apenas ha llegado a las personas jóvenes, como se desprende de los datos del Ministerio de Inclusión”. De este modo, de los más de tres millones de personas con edades comprendidas entre 16 y 35 años que se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, esta prestación sólo habría llegado a 54.777, menos del 2% de la población joven español que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
“El IMV, que nació como una herramienta diseñada para reducir la pobreza de los colectivos vulnerables, está dejando atrás a la generación joven de nuestro país, siendo este colectivo el que soporta peores datos de vulnerabilidad y empleo”, según el trabajo.
Este trabajo deplora que “se deja fuera” a las personas que tienen entre 19 y 23 años, a las cuales el articulado del IMV impide solicitarlo salvo que se encuentren en una situación de extremada gravedad.
Esto “contraviene el principio de igualdad constitucional, ya que establece una segunda mayoría de edad por encima de los 18 años que establece la Constitución para discriminar por razón de edad”.
Además, los autores del estudio concluyen que los requisitos diferenciados de acceso al IMV exigidos a la juventud “vulneran los derechos de las personas jóvenes por ser más exigentes que el del resto de personas”.
Prueba de ello, es que a las personas que tiene entre 23 y 30 años se les exige tres años de emancipación frente al año de independencia requeridos a partir de los 31 años.
“Esta exigencia es paradójica, se exige al colectivo joven, que presenta grandes dificultades para emanciparse (la edad media de emancipación en España es de 29 años) llevar viviendo de manera emancipada al menos 3 años”, arguye el informe.
A este requisito se suma la exigencia de haber cotizado al menos doce meses a la seguridad social o estar inscrito como demandante de empleo, lo que “reitera la discriminación por edad de la norma del IMV”.
Por todo ello, el Consejo de la Juventud cree que “no se justifica en base al interés general la diferenciación de trato del IMV al acceso de las personas jóvenes, lo que no sólo es contrario a la Constitución, si no que deja atrás a la juventud española”.
A su vez, subraya que el IMV, que nació para “acabar con la pobreza, impide al colectivo con más riesgo de pobreza, la juventud, adherirse a este mecanismo, por lo que la prestación falla a la hora de cumplir su principal objetivo”.
Por esa razón, urge al Gobierno y a los grupos parlamentarios que aprueben las enmiendas presentadas al Ingreso Mínimo Vital por diferentes fuerzas políticas a propuesta suya, con el fin de que “los jóvenes más vulnerables” tengan la posibilidad de acceder a esta prestación “en igualdad de condiciones y facilitar su salida de la pobreza”.
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