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MADRID, 08 (SERVIMEDIA)
Ciudadanos ha presentado este martes ante el Congreso de los Diputados una proposición no de ley sobre el “inminente” indulto de los condenados por sedición, desobediencia o malversación en el juicio del ‘procés’ para instar al Gobierno a que los rechace.
Con el rechazo de los indultos, destaca esta formación política, se cumpliría con la palabra dada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en “repetidas ocasiones” sobre este asunto y preservaría la “dignidad” de España dentro y fuera de sus fronteras.
Este partido pone de manifiesto que los líderes políticos condenados han expresado en “numerosas ocasiones” que no se arrepienten de haber intentado “quebrar la legalidad” en Cataluña, “desproveyendo con ello a millones de españoles de sus derechos”.
Según Ciudadanos, también se han “jactado” de que lo volverían a hacer, a pesar de ser conocedores de la responsabilidad penal en la que incurrirían. Como indica el Tribunal Supremo, las solicitudes de estos indultos no incluyen ni el arrepentimiento ni la constatación de que se haya cumplido con la función resocializadora de la pena.
Con lo cual, añade Cs, como dice el Supremo, esta “medida de gracia” supondría una “forma más de protestar” contra la sentencia, así como de “enmendarla” con el “beneplácito” del Gobierno, convirtiendo la decisión del Ejecutivo en una “forma de rescribir una sentencia crucial” para España.
A su juicio, es una decisión “arbitraria” del Gobierno en la que se alude a la necesidad de “destensar” la situación con el independentismo y “reabrir” la vía del diálogo. Pese a ello, Cs lamenta que se ha visto cómo “ocasión tras ocasión” los líderes independentistas “no han querido destensar nada, ni tampoco dialogar”.
Ciudadanos lamenta que el indulto, tal y como está concebido ahora mismo, es una herramienta que permite al Ejecutivo “ignorar” resoluciones judiciales que no considere favorables, “mercadear con el Estado de Derecho e ignorar los contrapesos estatales”.
En este caso particular, para Cs existe un “grave problema normativo”, que solo contribuirá a reforzar la “narrativa” de que lo acaecido en Cataluña en septiembre y octubre de 2017 fue “normal y dentro de la legalidad”. “Esto, consideramos, es preocupante en grado sumo”, concluye.
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