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El TSJM eleva suplicatorio a la Asamblea de Madrid para continuar investigando a Rocío Monasterio por falsedad documental

Agencias
@DiarioSigloXXI
miércoles, 19 de mayo de 2021, 21:53 h (CET)

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado suplicatorio a la Asamblea de Madrid para determinar su competencia en relación con la querella de la Fiscalía de Madrid contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental al usar un visado manipulado del Colegio de Aparejadores.


Monasterio es miembro de la Diputación Permanente de la Asamblea regional y será la Cámara quien deberá pronunciarse sobre su aforamiento. En cualquier caso, el trámite deberá repetirse una vez se constituya el nuevo Parlamento madrileño tras las elecciones del 4 de mayo y la dirigente de Vox adquiera de nuevo la condición de parlamentaria.


Una vez confirmado su aforamiento, la causa pasará a ser dilucidada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJM. La Fiscalía presentó una querella por un supuesto delito de falsedad documental desvelado a raíz de las denuncias presentadas en su contra por falsedad documental y estafa.


En concreto hay dos denuncias, una presentada por Mas Madrid y otra por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. La formación liderada por Mónica García le atribuye a Monasterio la falsificación de un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de reforma de unos apartamentos de lujo en 2005, cuando ella todavía no tenía el título de arquitecta.


Una de esas construcciones era un loft propiedad del presentador de televisión Arturo Valls, y este sería el único de los delitos que todavía no estaría prescrito.


Según la investigación, Monasterio habría usado ese sello modificado hasta 2016. Aunque el proyecto de reforma databa de 2005, la líder de Vox solicitó licencias en los años 2011 y 2016 para proyectos que nada tenían que ver con el primero sirviéndose de ese mismo sello, por lo que el delito de falsedad documental, penado con hasta tres años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargo público, no estaría aún prescrito.


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