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MADRID, 16 (SERVIMEDIA)
El Banco de España considera “necesario” fomentar un incremento “estable” de la oferta de vivienda en alquiler a través de la aprobación de estímulos fiscales a propietarios y una mayor provisión de vivienda pública en alquiler.
Esta propuesta, defendida en el informe anual del organismo, pretende así mitigar los efectos adversos derivados de los “elevados” niveles de desigualdad que existen en España. Sobre este respecto, el Banco de España ha propuesto aprobar una batería de actuaciones públicas en las dimensiones que considera más “convenientes”, entre ellas, la facilitación del acceso a la vivienda.
Entre las peticiones manifestadas por la institución dirigida por Pablo Hernández de Cos se encuentran la aprobación de una “combinación” de estímulos fiscales a propietarios y mejoras regulatorias que incrementen la seguridad jurídica, además de la proliferación de políticas públicas destinadas a la provisión de vivienda pública en alquiler.
En cuanto a los estímulos fiscales, el Banco de España ha citado una de las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que propuso la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF.
Desde el organismo consideran que estas reformas son “convenientes” porque las condiciones del mercado se han “endurecido” en los últimos años, tanto en el caso de la vivienda en propiedad como en el de la vivienda en alquiler. Asimismo, la institución ha advertido de que esta circunstancia ha tenido un “especial énfasis” en los jóvenes.
Por ello, ha defendido que en el sector inmobiliario se dé prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer un incremento “sostenido” de la oferta de vivienda de alquiler, en concreto, de la destinada a los colectivos con mayores problemas de accesibilidad.
Asimismo, los analistas del Banco de España señalaron que estas iniciativas contribuirían a evitar un aumento “excesivo” del precio de los alquileres.
En paralelo a este despliegue, el Banco de España pidió realizar una evaluación continua de las actuaciones públicas que se aprueben en esta materia.
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