La pandemia ha obligado a confinar 80.000 aulas y ha provocado 25.000 positivos en el personal educativo

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES Intersindical) calcula que desde que arrancó la pandemia se han tenido que confinar 80.000 aulas de las 375.000 que hay en España. Además, han muerto seis miembros de la comunidad educativa por Covid-19 (dos de ellos alumnos) y unos 25.000 trabajadores de la enseñanza se han contagiado.

Así se refleja en el resumen facilitado por STES-I a Servimedia con motivo del fin del estado de alarma que expira este 9 de mayo, del que se desprende que una quinta parte de las clases han tenido que cerrar en algún momento por la Covid-19.

El documento matiza que un tercio de los 25.000 contagios en el personal de la educación se ha producido en Cataluña, con 8.242 positivos.

En cuanto a los fallecidos por causa del coronavirus, la confederación detalla que se trata de tres profesores (de Huesca, Gijón y Lleida), un conserje (de un centro de Madrid) y dos alumnos (éstos de 14 y 12 años, respectivamente).

Asimismo, el resumen se hace eco del presupuesto extra puesto a disposición por parte del Gobierno de España para paliar los efectos de la pandemia, que asciende a 2.000 millones de euros; y que las comunidades autónomas contrataron el pasado verano 40.944 profesores, con el fin de reducir las ratios y garantizar los denominados “grupos burbuja” para frenar la expansión del virus. De ellos, precisa la información de STES-I, la Comunidad de Madrid despidió a 1.117 en diciembre.

La organización también refleja que, durante este curso, se han convocado numerosas huelgas y movilizaciones en el sector en relación con los efectos de la Covid-19 y “para exigir seguridad en los centros educativos”, como las celebradas en Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia, País Vasco y Galicia.

Además, STES-I añade en el informe que en Cantabria se protestó por la modificación del calendario escolar para suspender periodo no lectivo y que en las convocatorias de Valencia, Canarias y Asturias se exigió el aplazamiento de las oposiciones, para no poner en riesgo a aspirantes de profesores con pruebas multitudinarias.