El PP recurre al Constitucional los cambios del impuesto de patrimonio incluidos en los Presupuestos de este año

MADRID, 26 (SERVIMEDIA)

El PP del Congreso ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las modificaciones del impuesto de patrimonio incluidas en los Presupuestos del Estado para 2021.

Según informó este viernes la formación popular, su recurso se dirige contra el artículo 66 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para este año, por el que se modifica el artículo 30 de la Ley 19/1991 del Impuesto sobre el Patrimonio.

El PP también recurre al Constitucional la disposición derogatoria primera de la Ley de Presupuestos, por la que se anula el apartado segundo del artículo único del Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, con lo que se restablece el impuesto sobre el patrimonio con carácter temporal.

Los populares argumentan que las cuentas de este año introducen dos modificaciones muy relevantes sobre el patrimonio. Concretamente, “el incremento del tipo marginal máximo del referido impuesto, pasando del 2,5% al 3,5%; y la conversión con carácter indefinido del impuesto sobre el patrimonio, hasta ahora calificado como temporal desde su restablecimiento en 2011”.

“INJUSTO Y ARCAICO”

La formación que lidera Pablo Casado sostiene que, aunque el Gobierno argumenta que estos cambios buscan la consolidación de las finanzas públicas, la realidad es que “no tiene sentido que un impuesto en vías de extinción a nivel mundial se convierta en indefinido”.

Los populares critican que “España es el único país que mantiene el impuesto de patrimonio en la Unión Europea y el único de la OCDE en el que convive con otras cargas que inciden sobre el ahorro”. Añaden que Noruega, Suiza y Holanda mantienen este impuesto, pero cumple una función de sustitución frente a otros tributos o se integra en el IRPF.

El PP concluyó que con este recurso ante el Constitucional responde a las demandas que le han trasladado organizaciones de la sociedad civil como Foment del Treball, la Asociación de la Empresa Familiar de Aragón y otras organizaciones empresariales, que entienden que gravar el patrimonio es “profundamente injusto y arcaico”.