Podemos dice que el PSOE se abre a estudiar la regulación del alquiler y los socialistas lo desmienten

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Unidas Podemos aseguró este lunes que el PSOE se ha abierto a estudiar la posibilidad de regular los precios del alquiler en la eventual Ley Estatal de Vivienda, pero los socialistas lo desmintieron tajantemente: "Eso no es cierto".

Ambas partes ofrecieron versiones opuestas de la reunión que mantuvieron hoy, para seguir negociando el borrador de la norma, los equipos técnicos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de la Vicepresidencia segunda; en este caso sin el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, que suelen encabezarlos.

Fuentes de Unidas Podemos interpretaron que, en dicho encuentro, el equipo técnico de Transportes “se ha abierto a la posibilidad de negociar sobre la propuesta de regulación de precios del alquiler de Unidas Podemos”, e incluso se declararon “satisfechos de que el PSOE esté empezando a reconocer que su propuesta no sólo es socialmente injusta, sino también ineficaz”. Sin embargo, fuentes socialistas lo desmintieron tajantemente a Servimedia: “Eso no es cierto”.

Según el PSOE, esta reunión técnica se ha celebrado “para analizar la propuesta de bonificaciones” y ambas partes “se han emplazado a siguiente reuniones” y “se ha manifestado la voluntad de llegar a un acuerdo”, como ya verbalizó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en su rueda de prensa de hoy en Ferraz. Los socialistas, de acuerdo con esta versión, quedan pendientes de que Belarra convoque a Lucas a una nueva reunión. Pero “no es cierto” que su delegación se haya abierto a introducir la regulación de precios en el alquiler.

SIN DATOS

Desde la Vicepresidencia lamentaron, en ese sentido, que, “a pesar de que el PSOE había asegurado que en dicha reunión mostraría los datos que avalan su propuesta de incentivos fiscales, esto no ha sido así y han acudido a la reunión sin documentación que la respalde”.

En su favor, Unidas Podemos apeló también a que el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), según su versión, ha apuntado que esta vía "no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas" de reducir las rentas debido a que seguiría siendo más rentable para los arrendadores mantener los precios abusivos del alquiler que acogerse a los incentivos propuestos por el PSOE.

Por tanto, ambas partes siguen encalladas en el mismo desencuentro que viene impidiendo que avancen las negociaciones. En el Ministerio consideran que los incentivos fiscales son los más apropiados para hacer que los propietarios de los pisos bajen el precio del alquiler a sus inquilinos, mientras que en la Vicepresidencia insisten en que se ha de cumplir el punto del acuerdo de Gobierno de enero de 2020 que faculta a las comunidades autónomas y ayuntamientos a poner un tope a esos pisos en las zonas "tensionadas" que acoten sobre datos objetivos.

El artículo 2.9.3 del acuerdo de Gobierno rezaba literalmente: “Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que, a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica (….). El objetivo (…) es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler”.

La víspera de la aprobación del anteproyecto de Ley de Presupuestos, el 27 de octubre, Unidas Podemos puso como condición para apoyarlo renovar ese acuerdo e incluirlo en la eventual Ley Estatal de Vivienda que el Consejo de Ministros aprobaría “en un plazo máximo de tres meses“. Serían “coproponentes” de la Ley el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Vicepresidencia Segunda, y se incluiría la citada habilitación a las comunidades y ayuntamientos para establecer su índice de precios y declarar zonas tensionadas.