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El Congreso da el penúltimo paso para impedir al CGPJ 'caducado' seguir nombrando jueces

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 11 de marzo de 2021, 16:51 h (CET)

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)


El Congreso de los Diputados aprobó este jueves con 196 votos a favor, 150 en contra y una abstención la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que impedirá a un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado, como es el caso del actual, seguir nombrando presidentes de tribunales; si el Senado la refrenda sin enmiendas, esta modificación entrará en vigor.


El Pleno corroboró, con un voto menos a favor y uno más en contra, el dictamen sobre la reforma que salió de la Comisión de Justicia del Congreso. En nombre del PSOE, Francisco Aranda justificó el intento de regular la interinidad del CGPJ, denunció los 72 nombramientos que lleva con su mandato caducado, y dijo que es una regulación necesaria ‘per se’” independientemente de la renovación del órgano, que espera que se haga pronto.


“Desde ayer sólo les queda Vox”, advirtió al PP tras la moción de censura de PSOE y Ciudadanos en Murcia y la ruptura del Gobierno de la Comunidad de Madrid, avisando a los populares de que, actuando como pidiendo perdón o permiso a Vox por si les molesta, acabarán absorbidos por este partido, de quien dijo que es el PP hace 15 años, por las alusiones que se habían hecho al 11-M.


Aranda dijo al PP que “la grandeza también se mide en la oposición” y que tiene que pasar la reválida de demostrar que “no les mueve el rencor”. Avanzó que la reforma saldría adelante sin los populares y confirmó que los socialistas la apoyarán en el Congreso por ser “absolutamente necesaria”.


PP Y VOX


Por parte del PP, Luis Santamaría recordó que su grupo propuso, al rechazar la toma en consideración de esta propuesta, que el poder judicial sea escuchado en la tramitación de todas las normas que le afecten.


Denunció la “pésima calidad legislativa” de la propuesta que criticó la Asociación Profesional de la Magistratura, la falta de informes jurídicos, y lo atribuyó al deseo del Gobierno de “chantajear” al PP para renovar el CGPJ. “Lo harán porque pueden”, recriminó, hablando de “tics autoritarios” del Gobierno y augurando que lo mismo harán con la reforma que alteraría las mayorías para nombrar a los vocales.


Santamaría insistió en defender que los jueces nombren íntegramente a los vocales del CGPJ, para evitar que éstos piensen lo mismo que el Gobierno, y advirtió a éste de que cuando hace las cosas porque puede quiebra la estabilidad institucional. Incluso, dijo que el PSOE actual está más cerca del de 1936 que del de 1977.


El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, comenzó recordando el 11-M y atribuyó al atentado la intención de “cambiar el curso de la historia” en unas elecciones, las de 2004, que tenían que “haberse aplazado”.


También llamó a descubrir a sus “autores intelectuales” y sus “beneficiarios”, y de ahí pasó a denunciar las supuestas amenazas a la soberanía nacional por parte del independentismo, la inmigración, el adoctrinamiento en las escuelas, los ataques a la propiedad, la imposición de la huelga y el control de los medios independientes.


Uno de esos medios independientes sería la justicia, y por eso atribuyó la reforma al afán de los partidos de controlar a los jueces, de “colocar sus fichas”. Frente a ella, defendió la independencia del poder judicial y que los jueces puedan votar libremente a los vocales del CGPJ. “Ustedes tienen bloqueado al poder judicial por sus intereses bastardos”, concluyó.


PODEMOS Y CIUDADANOS


El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, achacó la reforma al “incumplimiento permanente” del PP en renovar el CGPJ cuando está en la oposición y, encima, la derecha está dividida. Denunció que el CGPJ ha hecho injerencias en tramitaciones legislativas y ha seguido haciendo nombramientos sin tener legitimidad para seguir en sus cargos cobrando los sueldos públicos más altos de España.


Vaticinó que el PP, en actitud “sediciosa”, seguirá bloqueando el CGPJ hasta que no se le garantice la inmunidad, denunció que pretenda vetar a Unidas Podemos pese a que aseguró que este grupo no ha hecho ninguna propuesta de vocales, y subrayó que José Ricardo de Prada y Victoria Rosell tienen el mismo derecho a formar parte del órgano que cualquier otro.


Terminó justificando que el Congreso tenía la obligación de poner fin a la “catástrofe” de que el CGPJ en funciones siga nombrando, aunque lamentó que “el mal ya está hecho”, y dejó la puerta abierta a una futura reforma que cese a los vocales caducados. Además, propuso “empezar de nuevo” el proceso de presentación de candidaturas al CGPJ y garantizar que el nuevo órgano sea paritario.


El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió la separación de poderes y que ni el Ejecutivo ni el Legislativo perpetren injerencias en la independencia del judicial. Puso la reforma en relación con la amenaza de la otra, la que baja la mayoría necesaria para renovar el CGPJ a absoluta, y tachó de “deslealtad y traición al principio del equilibrio entre poderes” el rechazo a escuchar al CGPJ.


Según dijo, lo podía esperar de Podemos, pero no del PSOE, a quien afeó no creer en la independencia del poder judicial y dejarle morir de “inanición” al poder judicial al impedirle hacer nombramientos, y se preguntó si los ministros jueces (Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Juan Carlos Campo) podrán mirar a los magistrados nombrados por el CGPJ caducado y decirles que son ilegítimos.


Criticó al PSOE y al PP que se repartan la tarta y que les “importe un bledo” nombrar a Victoria Rosell y José Ricardo de Prada como los candidatos que impiden la renovación. Les reprochó que quieran “nombrar a su gente” para elegir a los jueces que van a juzgar sus casos de corrupción, y propuso una vez más la idea de Ciudadanos de que sean los propios jueces quienes nombren a los vocales del CGPJ, además de pedir dotar de medios a la justicia, porque sólo sin medios no será independiente.


PNV Y BILDU


En nombre del PNV, Mikel Legarda interpretó que la verdadera razón de la reforma era “superar el injustificado bloqueo” del PP y la “anomalía constitucional” que había deparado, como ya ocurrió en 2006 hasta 2008. Sin embargo, señaló que ésta no es la mejor forma de solucionar los problemas surgidos entre los partidos, por el procedimiento exprés y porque no es idónea para renovar el CGPJ.


En su opinión, se ha de “atacar el problema en su raíz”, y la solución del problema no debe ser desplazando un problema entre partidos al CGPJ, porque las mayorías reforzadas persiguen la búsqueda de consensos. “No creo que tengamos un problema de leyes, sino un problema de comportamientos”, sentenció. “Si se degrada la imagen de los partidos por su comportamiento, se degrada también la imagen de la democracia”.


El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu justificó que con esta reforma “se subsana una laguna jurídica” y que la ha activado el “bloqueo” del PP, la “actitud chulesca y rebelde” de algunos de los miembros del CGPJ con su “carrera de nombramientos”. Eso sí, dijo que le parecía un poco corta porque debería haber incluido el “cese” de los vocales caducados, a quienes se podría sustituir por sorteo por otros dedicados a funciones de trámite mientras se elige el nuevo CGPJ.


Seguidamente, lamentó el “criterio político” de elección de los jueces, que le parece propio de “una democracia que no es plena”, y el “reparto de cromos” que ahora, con las mociones de censura en Murcia y Madrid, “ve difícil que se vaya a llegar a ese posible acuerdo”.


Dando su opinión, dijo que a él le parece que España “es una democracia”, pero con la “carencia” derivada del paso a demócratas de antiguos franquistas, que se activan en forma de “cloacas” ante el conflicto territorial pero últimamente también contra el Gobierno. “Señores del PSOE y de Unidas Podemos, cuídense de los idus de marzo”, espetó, en paráfrasis del ‘Julio César’ de Shakespeare, y justificando que por eso habría que haber ido a la “raíz” del problema.


GRUPOS PLURAL Y MIXTO


Del Grupo Parlamentario Plural, Ginés Boadella, del PDECat, lamentó que ésta no es la reforma en profundidad que haría falta, sino que sólo pretende “forzar la negociación” cuando ahora el horizonte electoral madrileño no va a permitir, y de ahí pasó a denunciar otra serie de problemas de la justicia. “No vale cambiar algo para que todo siga igual. Toca mover ficha para desbloquear este acuerdo”, terminó.


Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, partió de que ni el PP ni el PSOE deben votar jueces, para subrayar que el empeño de los populares en determinar la composición del CGPJ tiene que ver con su horizonte de casos de corrupción por juzgar. Concidió con la propuesta en que no es lícito que el CGPJ caducado nombre jueces pero defendió nombrar a los vocales por sorteo entre los que tengan los méritos acreditados para ello.


Por el Grupo Mixto, Carlos García Adanero, de Navarra Suma, dijo entender la ausencia del ministro de Justicia porque ver aprobar este “bodrio de ley” no era lo más gratificante”, y de ahí pasó a criticar el rechazo de Podemos al suplicatorio del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont y los pactos del Gobierno.


Mireia Vehí, de la CUP, aun apoyando la que llamó “medida Lesmes” para desalojar al presidente del CGPJ que lleva dos años con el mandato caducado, luego preguntó “a qué intereses sirven los jueces”, y se refirió a las condenas a los independentistas catalanes y los desahucios autorizados, mientras la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, se reunió con periodistas de ‘Ok Diario’ el mismo día en que se liberó al excomisario José Villarejo.


Finalmente, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, defendió que todo órgano en funciones tenga unas líneas rojas sobre lo que no puede hacer, así que la modificación le parece lógica, pero lamentó el “espectáculo lamentable de negociaciones y bloqueo vergonzoso de las instituciones” por PSOE y PP, y preguntó si “están hablando sólo de un reparto de puestos” o de modificar el modelo de elección. Él propuso que, si los partidos no llegan a un acuerdo en un mes, serán los jueces quienes hagan su propuesta de nuevos vocales, y, si los parlamentarios no lo aceptan, se designen por sorteo.


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